En su reciente informe Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social en el Sistema Sanitario, el organismo (en el que están representados sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores y usuarios y el Gobierno) denuncia que "hasta el momento, no han sido satisfactorios los resultados del ejercicio de la función de coordinación que corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad".
Los expertos opinan que esta función de poner de acuerdo a los 17 sistemas autonómicos (más los de Ceuta y Melilla, que gestiona el Ingesa, dependiente del Gobierno central) "debería fortalecerse, dotándose de herramientas eficaces para tal cometido".
No es una pura cuestión política. Esta desigualdad ya afecta a los ciudadanos. "Se están constatando importantes variaciones en la práctica médica en lo que se refiere a diferencias en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como del uso de las nuevas tecnologías, tanto entre comunidades autónomas como entre distintas áreas de salud de una misma comunidad", indica el organismo.
El texto da algunos ejemplos concretos, pero la experiencia de estos años, desde que en 2002 se finalizaron las transferencias, abundan en ellos. Algunos son inevitables (no todos los hospitales pueden contar con la última tecnología, porque no tendría sentido si su población atendida es pequeña; ni el acceso es el mismo para todos aunque solo sea por cuestiones de distancia), pero otros obedecen a motivos de gestión.
La diferencia en el acceso a la sanidad pública para someterse a una interrupción del embarazo, los diferentes calendarios vacunales, los tratamientos para dejar de fumar, la distinta implantación de la atención bucodental, la de la dependencia, las unidades para la reasignación de sexo o el reciente conflicto entre el Gobierno central y el gallego por la pretensión de este último de limitar el catálogo de medicamentos serían algunas de las más llamativas.
Y a ellas habría que añadir las listas de espera, de las que el CES señala "la falta de una información territorialmente desagregada que permita conocer el alcance real de este problema". No es la única desigualdad en el sistema.
Aparte de una irregular dotación de personal, el informe recoge inequidad en derechos sanitarios como el de la libre elección del médico (12 autonomías dicen que lo tienen); derecho a una segunda opinión (14 que sí); registro de voluntades previas (lo hay en 13) o la existencia de la figura del Defensor del Paciente (lo hay en 11).
En el día a día, estas desigualdades se manifiestan en la salud de los ciudadanos. " (El País, 10/03/2011, p. 33)
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