Para hacerse una idea de los asuntos de los que estamos hablando aquí, fíjense en la querella presentada por el fiscal general de Nevada contra Bank of America.
La querella acusa al banco de atraer a las familias a su programa de modificación de préstamos -supuestamente para ayudarlas a conservar sus casas- con pretextos; de dar información falsa sobre los requisitos del programa (por ejemplo, decirles que tenían que faltar a los pagos de sus hipotecas antes de recibir una modificación); de dar falsas esperanzas a las familias con promesas de acción para luego "enviar avisos de ejecución hipotecaria, programar fechas de subasta y hasta vender las casas de los clientes mientras estos esperaban las decisiones"; y, en general, de utilizar el programa para información falsa .
Según las acusaciones de la querella, el resultado final fue que "muchos consumidores de Nevada siguieron haciendo pagos hipotecarios que no podían permitirse, apurando sus ahorros, sus fondos de jubilación o los fondos para la educación de sus hijos.
Además, debido a las engañosas garantías ofrecidas por Bank of America, los consumidores postergaron la venta a un precio por debajo del mercado y renunciaron a otros intentos de mitigar sus pérdidas.
Y esperaron ansiosamente, un mes tras otro, llamando a Bank of America y enviando sus documentos una y otra vez, sin saber si iban a perder sus casas o cuándo iban a perderlas".
Aun así, este tipo de cosas solo les pasan a perdedores que son incapaces de llevar al día sus pagos hipotecarios, ¿no es cierto? Falso.
Hace poco, Dana Milbank, el columnista de The Washington Post, escribía acerca de su experiencia: una refinanciación hipotecaria rutinaria con Citibank se convirtió de algún modo en una pesadilla de tipos tergiversados, cobros indebidos por intereses y cuentas bancarias bloqueadas.
Y todas las pruebas indican que la experiencia de Milbank no fue algo fuera de lo normal.
Fíjense, por cierto, en que no estamos hablando de las prácticas empresariales de organizaciones poco fiables; estamos hablando de dos de las tres empresas financieras más grandes del país, cada una de las cuales posee unos dos billones de dólares en activos.
Pero a los políticos les gustaría hacerles creer que cualquier intento de lograr que estos gigantes bancarios explotadores paguen una pequeña indemnización es una "estafa". La única duda real es si el acuerdo propuesto les impone un castigo demasiado leve." (PAUL KRUGMAN: Un abuso más de las instituciones. El País, Negocios, 20/03/2011, p. 31)
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