"F.Fafatale DiagonalWeb: “España pedirá el rescate tarde o temprano”.
Quien pronunció estas palabras a principios de abril fue Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI (2001-2003), que sitúa el rescate en el momento en el que Grecia, Irlanda y Portugal pidan la reestructuración de su deuda porque no podrán pagarla.
Rogoff reconoce sin pudor que el problema de deuda pública se ha creado para evitar el colapso del sistema financiero y que lo peor de la crisis de deuda está por llegar. Tampoco se arruga al decir que los mercados volverán a ponerse nerviosos y atacarán a España.
Para rematar, Rogoff considera que el problema de los ajustes está en “determinar hasta dónde llegará la tolerancia ciudadana a las estrecheces”. (...)
Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC España, también ha escrito sobre la posibilidad de que, finalmente, España sea ‘rescatada’.
Pero, ¿qué significa exactamente eso? Según Torres López, el rescate es en realidad el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos europeos. El dinero que llega con el rescate se dedica a saldar sus deudas y la que se origina la pagan los ciudadanos en su conjunto. (...)
De este modo, el problema no parece ser la deuda pública, de unos 600.000 millones de euros, casi veinte puntos menos que la media europea. El colosal problema español es la deuda privada, sobre todo la de bancos, empresas y, en menor medida, los hogares. Varios de los economistas entrevistados coinciden en señalar que se está ocultando la enormidad de la deuda privada detrás de la pública.
Según Torres López, “Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, tanto con el Banco Central Europeo como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012”.
Torres cita el último informe del Banco Internacional de Pagos, según el cual, “España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca”.
El arquitecto y economista Ricardo Vergés también se pregunta por qué, en el caso español, se habla tanto de la deuda pública y tan poco de la privada. Sus estadísticas muestran cómo dos terceras partes de la deuda privada total corresponden al agujero negro inmobiliario.
Verges reflexiona del siguiente modo: “Si los españoles deseáramos volver a la situación de 1997, deberíamos devolver préstamos por valor de un billón y medio de euros, más otro billón en intereses, sólo en un crédito privado y en un plazo lo suficientemente breve como para eximir a la generación siguiente”.
Una de sus obsesiones es la debt slavery o esclavitud de la deuda que conlleva la severidad hipotecaria sobre los hombros de unos particulares a quienes no se les ha dado toda la información y que, “si no lo remediamos, amenaza con encadenar a las generaciones futuras”, concluye Vergés. (...)
Farage dijo literalmente: “Parecen estar contentos de destruir la democracia, o que millones de personas estén desempleadas y en la pobreza. Pero no funcionará”. Farage aludió al rescate de España que, en su opinión, “será siete veces el de Irlanda”.
En ese momento, continúa Farage, “todo el dinero para rescates se habrá ido, ya no habrá más. Pero es más serio que sólo economía. Si robas a la gente su identidad y su democracia, sólo queda nacionalismo y violencia”. (Jaque al liberalismo, 01/06/2011)
Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
3.6.11
La deuda de España: un billón con bancos extranjeros. Un 11% del sector público, 25,7% de bancos, un 36% de empresas, un 26,6% de derivados bancarios
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