Las Auditorías parten del análisis del origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es “ilegítima” u “odiosa”

"Para los economistas del sistema no hay alternativa. Sin embargo, organizaciones como el Comité por la Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo (CADTM) llevan más de dos décadas trabajando en propuestas socialmente más justas, como las Auditorías de la Deuda, de gran potencial transformador en el actual contexto europeo de crisis de las deudas soberanas.

El grupo valenciano del CADTM ha explicado estos planteamientos habitualmente ignorados por los medios de comunicación oficiales en el local de Ca Revolta (Valencia).

Las Auditorías parten del análisis del origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es “ilegítima” u “odiosa”. En caso de serlo, debería procederse a su anulación.

Según Laura Pérez, del CADTM-Valencia, “se trata de un derecho democrático esencial como es el derecho a la información pública, además de una apuesta decidida por la participación y movilización ciudadana en las cuestiones de estado; es, en definitiva, un instrumento de control de la transparencia y la conducta democrática de los poderes públicos”. (...)

El estudio de la deuda contraída por un país ha de incluir un conjunto de variables: contexto histórico y social; quién contrajo los créditos; quiénes fueron los acreedores y su comportamiento; el destino de los recursos; las disposiciones del contrato; evolución de las tasas de interés; porcentaje de presupuesto público y del PIB dedicado al pago de la deuda; políticas de privatización realizadas; y la relación entre la deuda y la distribución de la riqueza, entre otros aspectos. (...)

La deuda ilegítima sería la derivada de un préstamo cuyos fondos se hubieran empleado, por ejemplo, para la violación de los derechos humanos o la destrucción del medio ambiente. La otra noción clave, la deuda odiosa, requiere tres condiciones: préstamo asumido por un régimen despótico; utilizado contra el bienestar de la población y todo ello con el conocimiento de los acreedores. (...)

Pero el modelo más acabado y paradigma de aplicación de las Auditorías lo constituye Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa. Entre 2007 y 2008 el gobierno canceló deudas consideradas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados, con un ahorro de 300 millones de dólares a lo largo de 20 años que podrían invertirse en mejorar la sanidad pública, educación y creación de puestos de trabajo.

También se decidió en noviembre de 2008 suspender el reembolso de bonos de deuda que vencían en 2012 y 2030. Todo ello tras un análisis del origen de la deuda a la que se calificaba de “eminentemente especulativa y fuente de una pérdida de la capacidad soberana del estado”. (Enric Llopis – Rebelión, 'Auditorías de la deuda pública: una alternativa a los planes de ajuste'. Attac España, 27/06/2011)