Y el más fiel y previsible aliado de Rajoy de cara a las próximas elecciones del 20 de noviembre es Artur Mas, como todo parece indicar dentro de Cataluña y fuera de Cataluña.
Pero entre las medidas más atrevidas que ha tomado su nuevo gobierno no está la reducción de la financiación de la Universidad, con ser disparatada, ni está la agrupación compacta de un montón de leyes que se derogan de tres tacadas y sin contemplaciones.
La más grave y la más turbadora es otra: han decidido cazar por fin a los defraudadores del Estado, a los jetas que chupan las arcas de la Generalitat a base de cobrar mes tras mes, por las bravas, nada menos que 420 euros en concepto de Renta Mínima de Inserción.
Porque por lo visto las economías de la Generalitat se desequilibran por culpa de las Rentas Mínimas de Inserción y había que meter la lupa ahí sin más dilación contra tanto estafador oculto: un economista les contaría mucho mejor que yo de qué cantitades hablamos y cuáles son las condiciones reales en que subsisten los beneficiarios de esas ayudas.
Yo sólo puedo deplorar la mezquindad moral, la ruindad política y la zafiedad ideológica de corregir los desequilibrios presupuestarios averiguando —ahora— el nivel de fraude o de engaño que haya en los recepctores de esas ayudas, ninguno de ellos vecino de Sarrià, ni de Sant Gervasi, ni de Les Corts, ni de Pedralbes.
La repugnancia moral (es decir, política) que un cristiano o un católico ha de sentir hacia la persecución urgentísima de ese fraude se me hace inimaginable, pero en CiU y en el PP abundan los cristianos y los católicos que por lo visto digieren perfectamente bien ese despropósito salvaje.Desde una conciencia laica y atea resulta una auténtica vileza que las cuentas de la Generalitat deban recomponerse dejando al pairo a los legítimos beneficiarios de esas ayudas de emergencia mientras rastrean la estafa en lugar de buscar la desfachatez, el abuso, la trampa pura en las salas donde confraternizan las fortunas, donde se escucha música celestial y donde sin duda la vida continua perfectamente igual." (El País, ed. Galicia, 16/08/2011, p. 23)
"Las Palmas retira la asistencia domiciliaria a 1.000 ancianos.
Nieves Martín tiene 87 años y es asmática. Su casa debe permanecer impoluta, el polvo la asfixia. Durante dos décadas ha recibido con puntualidad la visita de una asistenta social que le echaba una mano con la limpieza de su casa de Las Palmas, donde vive sola. Primero fueron dos horas, luego cuatro.
Hace una semana recibió una llamada del Ayuntamiento. Le anunciaron que le cortaban el servicio a partir de septiembre. "No hay derecho, toda la vida pagando y ahora esto", dice Nieves, indignada. Vive con una pensión de viudedad de 600 euros. Su hija pidió al Consistorio que le enviase por escrito la denegación de la ayuda, pero se negaron. (...)
El caso de Nieves se suma al de 1.000 personas que dejarán de recibir la asistencia domiciliaria en la capital grancanaria. Se trata, principalmente, de mujeres de más de 65 años y con escasos recursos.
El Ayuntamiento de Las Palmas, gobernado desde el 22-M con mayoría absoluta por Juan José Cardona (PP), ha recurrido a la tijera para sanear las cuentas al reducir en tres millones anuales (de 7,5 a 4,2) el presupuesto de la ayuda domiciliaria.
Cardona, para justificar su iniciativa, pidió a los parientes de los afectados "que den un paso al frente y asuman la obligación de atender a sus familiares". (El País, ed. Galicia, 17/08/2011, p. 11)
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