En distintos ámbitos, tanto privados como estatales, aparece cada vez con más intensidad la posibilidad de migrar a opciones de sistemas basadas en Software Libre (SL). El primer argumento es económico: las licencias del software libre son, en su mayoría, gratuitas.
Si bien es difícil mensurar el ahorro potencial, un informe de 2008 del Estado brasileño, uno de los países más adelantados en ese sentido, aseguraba que se habían ahorrado casi 170 millones de dólares en licencias, mientras que el gobierno francés de Nicolas Sarkozy calculaba en 2010 que sólo por usar el OpenOffice (equivalente libre del Office de Microsoft) el Estado se ahorraba unos 300 millones de euros. (...)
Al tener acceso a la forma en la que se maneja la información, el usuario puede, por ejemplo, reorganizarla o cruzarla con otras plataformas como mejor le sirva. Un efecto colateral de esta posibilidad es que no se hace necesario pagar a las empresas (generalmente extranjeras) que hacen buena parte de los programas masivos o a sus licenciatarias para poder intervenir sobre el sistema que se utiliza, lo que, a su vez, facilita el desarrollo local de la industria.
Las empresas que ofrecen servicios con SL destacan que la seguridad de estos sistemas es mejor, entre otros factores, porque casi no existen virus que los ataquen o se puede controlar que no haya escapes de información plantados en el código. Este último rasgo puede ser fundamental para organismos del Estado que manejan información sensible.
Esta serie de argumentos que repiten los defensores del SL debería, en teoría, incentivar a empresas y Estados a elegir esa opción. Pero eso no está sucediendo. Para el sociólogo Pablo Vannini, miembro de la cooperativa Gcoop dedicada a desarrollos en SL, este tipo de software muchas veces es invisible.
Y lo explica: “¿Usaste Google, Facebook o un cajero automático hoy? Si es así, usaste SL. Es muy difícil medir cuánto de lo que se usa es SL. Lo cierto es que las grandes empresas, sobre todo después de 2001, se dieron cuenta de que pagar licencias era muy caro y empezaron a volcarse hacia el SL, lo que les dio otros beneficios además del ahorro. Y a nivel de Estado, el SL debería ser una política fuerte como es hoy en Brasil”.
Vannini pone como ejemplo que si Buenos Aires armara un servicio para el manejo de hospitales con SL, luego tendría la posibilidad de compartirlo con otro sistema de hospitales de provincia. En caso contrario, estaría pagando una fortuna por un sistema cerrado que no puede compartir.
“Ese concepto se llama Software Público y está basado en SL y en la idea de que pongo mis desarrollos a disposición de todos”, señala Vannini. Y se pregunta: “¿Cuántos sistemas de gestión de expedientes hay en el Estado? ¿Cuántas veces se pagaron? ¿Qué sentido tiene hacerlos desde cero si son todos muy parecidos?”.
El Software Público debería “subirse” a repositorios de libre acceso para ser considerado tal, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. (...)
El SL viene creciendo, pero a muchos usuarios les cambiás un ícono de lugar y se sienten perdidos”. (...)
“En lo que respecta a aplicaciones para escritorio, sí hay mucho implementado, mucho más de lo que se cree, pero aún no es mayoritario por falta de difusión, que en estos casos es de boca a boca. Como el negocio no tiene amplios márgenes, no hay empresas que lo impulsen a través de publicidad masiva”, indica.
Con respecto al ahorro y los costos, Coletti asegura que “en estaciones de trabajo, o sea, el reemplazo de aplicaciones como Ms-Office, creo que habría un ahorro total del 40-50 por ciento” (Rebelión, 21/09/2011,'Cambio de paradigma', de Esteban Magnani
Página 12)
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