"El ladrillo ha pasado factura, una dura factura, a las cajas de ahorros
más arriesgadas: CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Unnim (Terrassa,
Manlleu y Sabadell), que desde ayer están oficialmente controladas por
el Estado. Los créditos al sector inmobiliario se han convertido en el
veneno que les ha corroído lo más sagrado en una entidad financiera: el
capital.
Tenían de plazo hasta ayer para encontrar inversores privados y
evitar el estigma de ser nacionalizados, pero no lo lograron. Las tres
son fusiones entre cajas de la misma región que se hicieron más con
criterios políticos que financieros, pero el supervisor no se opuso y
ahora se ven las consecuencias. (...)
El caso más sangrante es el de Unnim; el Estado la ha valorado en un
euro simbólico, después de que los tres informes independientes
coincidieran en que la entidad tenía un valor negativo de decenas de
millones de euros. No obstante, el supervisor mantuvo a los gestores
aunque echó a todos los consejeros. El supervisor advirtió a sus
clientes de que las tres entidades ya no tienen ningún problema de
solvencia porque sus activos están garantizados por el Estado español. (...)
La factura para el Estado asciende a 7.551 millones, incluidos los
2.800 millones colocados en el capital de la Caja Mediterráneo (CAM).
Ordóñez dio ayer casi por perdidos estos 2.800 millones "por la mala
gestión de sus directivos y por otras cosas", comentó de manera
imprecisa.
El responsable de este organismo reconoció que "a los
ciudadanos 7.551 millones les puede parecer una cantidad muy elevada. Lo
entiendo, pero si se compara con lo que han dedicado por ahí fuera no
es mucho". Ordóñez destacó que el proceso ha permitido redimensionar el
sector "después de la borrachera que se produjo entre los años 1994 y
2006, y que hizo que creciera por encima de lo que el país se podía
permitir". (...)
¿Por qué no ha entrado el Estado en la gestión de estas tres cajas, como
ha hecho en la CAM? "La gran diferencia con la CAM es que no es
viable", dijo Fernández Ordóñez, "y estas tres creemos que sí tras un
fuerte proceso de reducción de capacidad". El proceso legal de
integración ha contado con la asesoría de Garrigues y los planes de
negocio ya tienen el visto bueno de Bruselas. (...)
Sin embargo, en España lo que lastra las cuentas de las entidades y
genera desconfianza internacional es la inversión inmobiliaria, sobre
todo en suelo. "Según los cálculos de la Comisión Europea, el BCE y los
nuestros, España se recupera moderadamente. Con estas previsiones, y
tras la prueba de esfuerzo europea, la banca podría aguantar.
Ahora
bien, si el mercado continúa cayendo y los activos se deprecian, claro
que hará falta más capital. Hay colchón, pero la crisis no se ha acabado
y sigue muy dura". Incluso llegó a decir que la ley permite que el
Banco de España llegue a "nuevas intervenciones", en una advertencia de
que sigue vigilante. La crisis no se puede dar por cerrada." (El País, 01/10/2011)
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