"CORRÍAN los primeros años de la década del 2000 y acabábamos de
entrar en el Euro. La moneda única permitió un crecimiento económico
sin parangón, sin embargo, el feliz inicio del milenio basado en el
ladrillo fue la causa de la debacle posterior.
El euro favoreció
la entrada de capitales en nuestro país a unos precios cada vez menores.
Los tipos de interés de los préstamos iban bajando y si en el 2000 el
tipo medio estaba en torno al 6-7% anual, en 2004 el costo del dinero se
había reducido a la mitad.
El dinero barato fue el mejor compañero de
la ley del suelo de 1998 y su alianza culminó con la inevitable burbuja
inmobiliaria.
El proceso fue sencillo. El gobierno de Aznar decidió liberalizar la norma sobre
gestión del suelo y permitió a la iniciativa privada promover la acción
urbanizadora y la participación en las políticas de suelo sin necesidad
de ostentar la propiedad. Surgió así, la figura del 'agente
urbanizador' quien urbanizó y construyó viviendas en inmensos solares
que hasta entonces valían poco.
La mayor parte de dinero
disponible en nuestro país se destinaba a la promoción inmobiliaria. No
hubo valoración del riesgo y menos aún se tuvo en cuenta el desarrollo
de una economía sostenible y competitiva.
El conocimiento, la
innovación, las nuevas tecnologías y, en general, los sectores de futuro
perdieron la partida frente al arrollador ladrillo. La falta de
previsión política y la facilidad de hacerse rico con la construcción
fueron los catalizadores del crecimiento de los precios del suelo y de
las viviendas.
El mercado inmobiliario evolucionaba espléndidamente y
sus precios crecieran día a día entrando en una espiral que ahora nos
lamentamos de no haber pinchado a tiempo.
El encargado de
conseguir el dinero que inflaba la burbuja inmobiliaria era el sector
financiero, poniendo a disposición del sector tanto el ahorro nacional
como el extranjero.
En la carrera de sufragar a la construcción, los
bancos tiraron la toalla en favor de las Cajas, no porque no tuvieran
músculo económico sino porque los mercados internacionales les ofrecían
unas actividades más beneficiosas y atractivas que la promoción
inmobiliaria. (...)
Por aquel entonces, la Generalitat Valenciana gobernada por el Partido Popular acababa de eliminar al director general de la CAM
por no satisfacer éste sus ansias pecuniarias. El nuevo director
general debía ser más sumiso y menos riguroso en la concesión de
créditos para la Generalitat y sus megalómanos
proyectos.
No dudamos de que cualquier caja de ahorros siempre está al
servicio de su comunidad autónoma pero la CAM de principios del milenio
se tuvo que poner a disposición de la Generalitat y de los miembros del
Partido Popular.
Los negocios inmobiliarios dentro y fuera de
España crecieron con escaso control y tasación del riesgo. Para
maximizar el beneficio procedente del sector, se creó la empresa Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L (TIP)
que pertenecía íntegramente al grupo CAM y que tenía por objeto la
participación en las actividades de empresas de promoción inmobiliaria.
Desde 2003 hasta 2008 TIP pasó de tener 18 proyectos a 98 y estar
asociada a 68 empresas del ramo.
De esta manera, el ansia de
poder y permanencia del equipo directivo de la Caja tuvo dos cómplices.
El primero, la Generalitat Valenciana que era financiada a bajo coste
para construir y mantener los ruinosos megaproyectos como Terra Mítica, Ciudad de la Luz, el aeropuerto sin aviones de Castellón, la autopista sin tráfico a Cartagena o los hospitales públicos de gestión privada.
El
segundo, los miembros del PP que se sentaban en el consejo de
administración y comisión de control y que en su mayoría eran
empresarios de la construcción y recibían financiación a coste por
debajo del mercado." (Valenciaplaza.com, 25/11/2011)
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