"Una cadena de graves errores técnicos y políticos ha convertido el
déficit de tarifa eléctrica (diferencia entre los ingresos reconocidos a
las empresas eléctricas y lo que realmente han recibido a través de la
tarifa) en un grave problema financiero; tan grave que puede comprometer
la solvencia de la deuda española.
El primer error, el fundacional, hay que atribuírselo a los Gobiernos
del PP, quienes a principios de la primera década del siglo crearon un
mecanismo infernal para calcular la tarifa eléctrica, la estructura de
precios y el modo de retribución.
A grandes rasgos, definido por sus
efectos, ese mecanismo consiste en que las compañías se van apuntando
derechos de percepción de ingresos (según un sistema de fijación que
debería revisarse) con independencia de los precios que marca el
Gobierno para los consumidores.
Como el PP de Aznar tenía que apuntarse
ante los votantes la medalla de la moderación de los precios de la
electricidad, se limitó empaquetar la diferencia entre precios y costes y
la envió hacia el futuro. (...)
El resultado es un déficit de tarifa que a fecha de hoy supera los
20.000 millones y que a finales de la década se aproximará, si no se
toman decisiones prácticas ahora, a los 60.000 millones. Una deuda de
este volumen es una mina a la deriva que puede estallar en cualquier
momento contra la credibilidad del Tesoro. (...)
Para empezar, debe desmontarse el sistema actual de cálculo de la
tarifa eléctrica, retirando del mercado los precios de las energías
amortizadas (nuclear e hidráulica). Además, debe considerarse la
aprobación de varios impuestos.
Los más evidentes gravarían la
producción nuclear y la hidráulica como windfall tax (tasa sobre los
beneficios regulatorios). (...)
Una de las pocas soluciones prácticas sería negociar una quita de la
deuda. Pero esa decisión equivaldría a tocar la solvencia de la deuda
española." (El País, Negocios, editorial, 26/02/2012)
"Con todo, el gran problema a resolver se llama déficit tarifario, una
deuda contraída —por todos— con las grandes compañías eléctricas, que
supera los 24.000 millones de euros acumulados en poco más de una década
y que nadie sabe muy bien cómo resolver sin conflictos.
Esa deuda
convierte a España en una excepción. Es “el único país del mundo en el
que los clientes mantienen una deuda con el conjunto del sector
eléctrico, que se acumula creciendo de forma crónica año a año”. La
descripción es de la consultora PwC en su informe Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012. (...9
La dimensión del nudo que debe desatar el nuevo ministro de Industria,
José Manuel Soria, se comprende mejor si se comparan los números. La
deuda contraída y reconocida a las eléctricas es la mitad del
saneamiento impuesto a la banca (52.000 millones de euros) y casi el
doble de la deuda del sistema sanitario público (15.000 millones).
En
números redondos, casi un 3% del producto interior bruto español. (...)
Fabra, como otras voces (Asociación de Grandes Consumidores, AEG;
Protermosolar, de empresas con proyectos termosolares, o Unef),
consideran necesario revisar la situación de las centrales nucleares e
hidroeléctricas, bien para rebajar los precios a los que son retribuidas
por generar electricidad, bien para soportar una tasa que contribuya a
aliviar el déficit.
Lógicamente, las empresas propietarias se oponen
ferozmente con todo tipo de argumentos: niegan que las instalaciones
estén amortizadas y destacan que son indispensables para garantizar el
suministro. (El País, Negocios, 26/02/2012)
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