"En plena crisis económica, las principales víctimas de las medidas que
pretenden combatir el abuso que algunos ciudadanos extranjeros hacen de
la sanidad pública española pueden ser los inmigrantes más
desprotegidos.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado que no
bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino
que se exigirá la residencia fiscal. Ello implica que las personas que
se encuentren en situación irregular solo podrán acceder a las
urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la
asistencia básica asegurada a cualquier persona." (El País, 20/04/2012)
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