"Las medidas anunciadas por el Gobierno
dejarán sin tarjeta sanitaria a unos 150.000 extranjeros en situación
irregular en un plazo de dos años, según los cálculos de este diario.
Ello supondría un ahorro aproximado de 240 millones, en lugar de los 500
previstos inicialmente por el Ejecutivo, si tomamos como base el gasto
medio de un ciudadano español en servicios sanitarios.
Según un borrador del decreto al que ha tenido acceso este diario, la
residencia no será la única condición para poder acceder a la tarjeta
que da acceso a las consultas de primaria. Habrá que estar asegurado. Y
esto, de manera general, implica darse de alta en la Seguridad Social.
Como los extranjeros tienen que renovar esta documentación cada dos
años, bastará con endurecer los requisitos para dejarlos fuera, sin
necesidad de tomar otro tipo de medidas más drásticas, como
identificarlos antes y anular su tarjeta." (El País, 23/04/2012)
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