"Para hacerse una idea de la magnitud basta saber que en mayo de 2011
había en España un total de 22.000 millones de euros «invertidos» en
estos productos financieros.
La trampa puede explicarse de forma sencilla. Todo banco o caja de
ahorro necesita cumplir unos requisitos legales de capital, es decir,
necesita tener dinero suficiente para evitar problemas de solvencia y la
quiebra de la entidad.
Para ello puede emitir acciones o, si lo
prefiere, puede emitir unos títulos jurídicamente parecidos que no
comportan derechos políticos, es decir, capacidad de decisión sobre la
entidad. Dentro del conjunto de esas otras posibilidades se encuentran
las acciones o participaciones preferentes (en función de si es un banco
o una caja quien emite), que son en realidad productos perpetuos, esto
es, contratados de por vida.
Quien compra una participación preferente
recibe cada año un interés alto en comparación con otras fórmulas de
ahorro –tales como depósitos o fondos de inversión– pero no puede sacar
el dinero del banco salvo que éste voluntariamente lo permita. El
contrato beneficia teóricamente a ambas partes, pues la entidad recibe
dinero con el que contentar a los reguladores y el cliente que compra el
producto recibe un alto interés cada año.
Pero eso es la teoría. Los directivos de las entidades financieras
pidieron a sus empleados realizar todos los contratos posibles con esos
productos. Y ahí entró la capacidad de engaño y «persuasión» de muchos
empleados bancarios, quienes en gran número de casos lo hacían
presionados desde arriba o con pleno desconocimiento de las
implicaciones reales que conllevaban tales contratos.
En última
instancia estos productos de vida ilimitada eran presentados como
extraordinarias fórmulas para hacer más dinero del habitual, y se
vendían mayoritariamente a personas de avanzada edad que buscaban
mantener en sitio seguro los ahorros de toda la vida.
La mayoría de
estos clientes asegura, de hecho, que el banco o caja les recordaba que
podrían sacar el dinero cuando desearan. Pero cuando quisieron hacerlo,
asustados por la crisis o por necesidad, las entidades financieras les
negaron esa posibilidad.
Hay incluso casos en los que tales contratos se realizaron con
personas analfabetas, quienes firmaron usando su huella dactilar y desde
luego empujados por la confianza que tenían en el empleado de la
entidad financiera.
Eran, en realidad, el último eslabón de una cadena
que permitía a bancos y cajas cumplir con la regulación y poder mantener
en niveles altos su actividad especulativa en la burbuja inmobiliaria.
Presionados por las movilizaciones sociales, las entidades han ido
convirtiendo las participaciones preferentes en depósitos a largo plazo.
No obstante, a veces en depósitos a 10 años ofrecidos a personas de más
de 80. Pero aún quedan más de 5.000 millones de euros atrapados en
fórmulas perpetuas.
En cualquier caso, y como desgraciadamente es costumbre en este país,
nadie se ha responsabilizado de esta estafa. Los reguladores se limpian
las manos asegurando que hicieron lo que las leyes dictaban –revelando
la insuficiencia legislativa– y los directivos de las entidades
financieras aseguran que no son culpables. Usaron y engañaron a los
pequeños ahorradores para satisfacer su ambición especulativa y su
infinita avaricia, pero las leyes les siguen protegiendo." (Alberto Garzón Espinosa, Attac España, 29/06/2012)
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