"Tax Justice Network, que podría traducirse como “Red por la
justicia fiscal”, es una organización independiente que se creó en 2003
en el Parlamento británico y que se dedica, según se lee en su página
web, “a la investigación, análisis y promoción a alto nivel en el campo
de la política tributaria. (...)
Con el título The Price of Offshore Revisited (en traducción
libre: “Puesta al día de lo que cuestan los paraísos fiscales”) en él
se revela que una superélite mundial de acaudalados individuos ha sabido
explotar los resquicios de las leyes sobre tributación y movimiento de
capitales, para ocultar la extraordinaria cifra de 21 billones (21
seguido de doce ceros) de dólares, lo que equivale al producto interior
bruto combinado de EE.UU. y de Japón. Algunos analistas la consideran
moderada y la elevan a 32 billones.
En Suiza o en las Islas Caimán, dos típicos agujeros negros de las
finanzas ocultas, descansa el dinero “protegido por una bandada de
eficaces profesionales, bien pagados, en bancos privados y en agencias
legales, contables y financieras, que se aprovechan de la cada vez más
fluida economía global sin fronteras”, según explica el citado informe.
La primera conclusión que se deduce de lo anterior es que los índices
oficiales sobre la hiriente desigualdad económica que existe entre
países y dentro de éstos, publicados regularmente por la ONU, resultan
ya inútiles porque para calcularlos no se ha tenido en cuenta la enorme
suma sustraída a los datos disponibles.
Ya no es cierta la conclusión de
un informe anterior que señalaba que “la renta del 20% de los más ricos
del mundo es 28,7 veces la del 20% más pobre”; la diferencia es en
realidad mucho mayor, es decir, la flagrante injusticia distributiva en
la que estamos habituados a vivir aumenta todavía más si se tiene en
cuenta el dinero escondido por una pequeña parte de ese 20% más rico.
El
informe indica también que cerca de 10 billones de esos dólares fugados
a paraísos fiscales son propiedad de unos 92.000 individuos, el 0,001%
de la población mundial.
Los que evaden esas sumas, empero, sí utilizan los servicios
públicos; les gusta que las calles estén limpias e iluminadas y que
funcionen los transportes (al menos para que lleven clientes a sus
establecimientos y aumenten sus ganancias); se complacen también en
disponer de buenas autopistas para sus lujosos automóviles, y puertos y
servicios de navegación para sus yates o aviones privados.
Pero ¡ah!,
sus privilegiadas mentes les inducen a no pagar o a pagar lo menos
posible de esos impuestos que permiten mantener los servicios de los que
ellos también se aprovechan.
El informe dice que si esos 21 billones de dólares ocultos hubieran
estado legalmente depositados, rindiendo un 3% anual, y si los Gobiernos
hubieran podido gravarlos con un 30%, hubieran generado para las arcas
públicas 188.000 millones, más de lo que anualmente invierten los países
ricos en ayuda al desarrollo. (...)
Y claro que hay culpables: los 10 principales bancos del mundo (entre los que están los suizos USB y Credit Suisse, y el estadounidense Goldman Sachs)
gestionaron en 2010 más de 6 billones de esos dólares ocultos en
paraísos fiscales, mientras que hace cinco años solo manejaban 2,3
billones. ¡Parece evidente que ese tipo de negocio prospera sin
problemas!
Paraísos fiscales para unos pocos, pero infiernos fiscales para una
mayoría que sufre las consecuencias de estas prácticas indignas. Y una
vergonzosa responsabilidad para los países del G20, que ya en 2008
-asustados por la crisis- prometieron controlar el bandolerismo bancario
de los presuntos paraísos y han sido incapaces hasta hoy de adoptar las
medidas imprescindibles para lograrlo." (Attac Madrid, 31/08/2012, Alberto Piris)
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