"Las tasas judiciales que el Gobierno y el PP, en solitario, se han empeñado en sacar adelante en su desmelenado afán recaudatorio,
no harán excepciones con colectivos especialmente maltratados por la
crisis como los afectados por el escándalo de las participaciones
preferentes de los bancos.
Así, un jubilado que demande por la vía civil
a un banco para recuperar unos ahorros de 100.000 euros, tendrá que
pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 para que se estudie su caso, dependiendo de si llega hasta el Tribunal Supremo o no.
Varios
colegios provinciales de abogados, como el de Málaga, y el Consejo
General de la Abogacía, han difundido las cuantías que supondrán para
los maltrechos bolsillos de los ciudadanos las nuevas tasas, en supuestos especialmente escandalosos o, sencillamente, en pleitos muy comunes.
La nueva Ley, aprobada el pasado miércoles por el Senado de forma definitiva,
y que se espera que se publique en el BOE esta semana, extiende a los
ciudadanos particulares las tasas hasta ahora sólo previstas para
empresas, y eleva exponencialmente sus cuantías.
En la jurisdicción
civil, las tasas van, en primera instancia, desde 150 a 300 euros; en
segundo instancia, otros 800 euros; y si se recurre ante el Tribunal
Supremo, habrá que desembolsar otros 1.200 euros. Todo ello aparte de los gastos de abogado y procurador.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, los pleitos en primera instancia costarán entre 200 y 350 euros;
la apelación, otros 800 euros; y acudir al Supremo, 1.200 euros.
Por
último, en la jurisdicción social, es decir, a la que acuden todos los
trabajadores despedidos de sus empresas --una legión en los últimos
tiempos--, la tasa ha quedado finalmente fijada --tras aceptar el
Gobierno una rebaja instada por varios colectivos y grupos
parlamentarios-- en 200 euros por el recurso de segunda instancia, y
otros 300 si debe acudirse al Supremo. La primera instancia de este
orden laboral, como el penal en todas sus fases, está exento de tasas.
A estas cuantías fijas de la tasa, debe sumarse otro componente variable
que es de un 0,5% de la cuantía procesal --es decir, el interés
económico del pleito--, hasta 1 millón de euros, y del 0,25 a partir de
esa cifra, con el límite total de 10.000 euros.
En el caso de un
afectado por las preferentes que reclamase por la vía civil al banco
100.000 euros, la tasa que tendrá que pagar al Estado a partir de esta
semana será de 300 euros --juicio ordinario civil-- más 500 euros de
tasa variable (0,5% de los 100.000 euros).
Es decir, 800 euros, a los
que tendrá que añadir otros 1.300 euros si presenta recurso de apelación por no estar conforme con la sentencia de primera instancia. Ya irían 2.100 euros.
La
recaudación continuaría si finalmente, el sufrido ciudadano decide
buscar justicia en el Tribunal Supremo, que no estudiaría el caso sin el
pago de otra tasa más de 1.700 euros.
Total: 3.800 euros. La cuantía ascendería notablemente si el dinero
invertido en las preferentes fuese mayor, como ha sucedido en numerosas
ocasiones." (Público, 19/11/2012)
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