"Los recortes se notan directamente en la afiliación a la Seguridad Social.
En noviembre, el instituto público ha visto cómo unas 145.000
cuidadoras de dependientes, el 85% de las que cotizaban, desaparecían de
sus registros, según los datos a los que ha tenido acceso este diario.
Estas cuidadoras reciben una ayuda por atender a sus familiares
dependientes o discapacitados, pero hasta ahora el Gobierno se
encargaba, además, de cotizar por ellas a la Seguridad Social. Ya no.
Desde que en 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales
se hacía cargo teóricamente de la cotización de las cuidadoras
familiares (un 92% son mujeres).
El Gobierno se libró de esta obligación
con los recortes de verano y dictó que si alguien quería seguir
cotizando tenía de plazo hasta el 1 de noviembre para comunicarlo; de no
hacerlo dejaría de cotizar, retroactivamente, desde el 1 de septiembre.
La caída de cotizantes de este colectivo se veía venir.
No obstante, en los más de cinco años que ha estado en vigor esta
medida, Sanidad no ha pagado un euro por ello, a pesar de que para la
Seguridad Social suponía unos 300 millones al año. La consecuencia es
que Sanidad debe al instituto que dirige Tomás Burgos algo más de 1.000
millones que desembolsará en 2013.
Los últimos datos publicados por Sanidad indican que había 171.713
cuidadoras familiares por las que se cotizaba. Esta cifra representa
solo el 39% del total del colectivo, porque el resto, hasta 434.000, o
cotizaban ya por otro empleo o eran pensionistas. Hay miles de mujeres
ya jubiladas que cuidan a sus padres de edad muy avanzada. De hecho,
entre los que figuraban como cotizantes casi 40.000 personas son mayores
de 60 años.
Los cuidadores familiares han sufrido mucho la crisis, y algunos
excesos verbales. Si el dependiente al que atienden es de máxima
gravedad pueden cobrar algo más de 500 euros. Pero esas prestaciones han
sido recortadas un 15% como mínimo.
Las comunidades pueden rebajarlas más.
El recorte se justificó en la
necesidad de ir cambiando estas prestaciones económicas por servicios
profesionales, que, además, generan empleo. Pero el ahogo económico en
que está inmerso el sistema de la dependencia no proporciona ni lo uno
ni lo otro.
La escasez de servicios (residencias geriátricas, centros de día)
cuando se implantó la ley era notable en algunas zonas. Por esa razón se
permitieron, de forma excepcional, las prestaciones económicas,
pensadas sobre todo para el ámbito rural. Lo excepcional se convirtió
pronto en norma, porque estas prestaciones salían más baratas a las
comunidades que conceder una plaza en una residencia.
Cuando las pagas
familiares se iban extendiendo más de lo razonable, los dirigentes
argumentaban que ese era el deseo de los beneficiarios, seguir atendidos
en casa, y que esta prestación reconocía el trabajo de todas esas
mujeres. Era cierto. Pero ahora que se les ha rebajado la paga y dejado
sin cotización, la explicación es distinta: ahora se habla de trampas y
se dice que eso no es empleo.
El secretario de Estado de Servicios
Sociales, Juan Manuel Moreno,
llegó a hablar este año de "fraude" entre aquellos que perciben las
"paguillas". No aportó ni un caso. Y puede que alguno haya, pero sus
palabras no reconocían, desde luego, la tarea de miles de mujeres que
mucho antes de que existiera esta ley ya cuidaban de los suyos de forma
gratuita y, en muchos casos, dejando su empleo.
Las cotizaciones a la Seguridad Social por este concepto se vendieron
en su día como un complemento precisamente para aquellas mujeres que
dejaron su trabajo para cuidar de sus mayores (son la mayoría de los
casos) o familiares discapacitados.
Así podían completar un periodo de
cotización que les permitiera tener una pensión. Y sus cuidados se
reconocerían como un proceso de formación que podría abrirles puertas,
cuando los ancianos fallecieran y ellas pudieran buscar empleo en el
sector.
Nada de eso queda ya. Aurelia Jerez dejó su empleo de cocinera cuando
nació su hijo hace unos cuatro años; le dieron la "paguilla" de 520
euros para atender a un niño con encefalopatía epiléptica catastrófica,
que le impide la movilidad, le roba la vista y requiere cuidados
permanentes como si se tratara de un bebé.
"Ahora ya solo cobro 442
euros porque en Castilla-La Mancha también han rebajado ese 15%. Si
además tengo que pagar los 163 euros de la cotización no me llegaría
para las terapias básicas que pago, fisioterapia, logopedia…".
Ella llevaba cotizando más de 20 años cuando nació el crío. Ahora
viven de la pensión de su marido, ya jubilado, en una casa, en Azuqueca
de Henares (Guadalajara), en la que conviven otros dos hijos, de 12 y 17
años.
"No les importamos nada. Hacen sus cuentas y les da igual de
dónde se recorta. Aunque yo creo que son reformas ideológicas, porque si
no recortarían de otros sitios", se queja de los políticos." (El País, 30/11/2012)
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