"Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en
el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con
la forma en que se está gestionando la crisis.
Ya he comentado en
artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro
‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa,
2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de
ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de
extrañar que ahora se esté produciendo en España.
Actualmente, parece
que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y
que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente
congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas
económicos de diverso tipo originados por la crisis.
Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar
igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los
desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas
familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se
han producido justo antes de que las autoridades y la policía
procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes
lugares de España.
Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy
directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento
no han hecho nada efectivo para evitarlo. (...)
El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a
salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no
han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas
con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus
viviendas.
Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la
creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda
familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin
ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían
evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni
supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la
demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es
injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan
docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan
extraordinario. (...)
Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar
día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero
incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces
no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un
derecho que es la antítesis de la justicia.
Es patético e indignante
ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las
gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear
con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una
vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que
tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar
de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar
la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara
contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles
de abajo que siempre suelen apoyarlos). (...)
Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida
de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son
dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de
todas esas instituciones y personas.
No podemos ni debemos aceptar que
todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está
haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo
inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se
produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales.
Por
eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que
toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no
solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes." (Juan Torres López, 31/10/2012)
"Según un estudio reciente del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), la crisis ha disparado en un 10% las consultas relacionadas con
los problemas de salud mental, que están detrás del 6,7% de las bajas
laborales que tramita. De estas bajas, el 56,6% son por problemas de
depresión o ansiedad.
“No son cuadros menores, producen un sufrimiento
muy importante. Y tienen un coste económico elevado al que se suman los
problemas derivados de los recortes”, continúa el psiquiatra.
Se calcula
que el impacto económico de los problemas de salud mental equivale a
entre el 3% y el 4% del PIB de la UE. Y valga el ejemplo de Andalucía
para sacar conclusiones: la duración media de una baja laboral es de 41
días; cuando la causa es un problema relacionado con la salud mental, la
media se eleva a 69 días. Si es por depresión, a 88.
¿Cuántos de estos casos acaban en suicidio? No hay suficientes
estudios para poder abordar el tema, al menos en España, según apuntan
tanto Del Pino como José Antonio Espino, jefe de Salud Mental del
hospital de Majadahonda.
En Grecia, el Ministerio de Sanidad publicó
recientemente un dato escalofriante: la tasa de suicidios aumentó entre
enero y mayo de 2011 un 40% respecto al año anterior. Según la
Organización Mundial de la Salud, un incremento del 1% en la tasa de paro se traduce en un incremento del 0,8% en la tasa de suicidios.
“Y también sabemos que el riesgo de suicidio es mayor si no hay
cobertura de desempleo y políticas de bienestar”, dice Espino. “En los
años ochenta se hizo un estudio comparativo entre Suecia y España que
mostró que el impacto en las tasas de suicidio era mayor en España”,
explica.
A principios de octubre, Rocío Pérez, una inmigrante peruana de 42 años residente en Madrid, emprendió a la desesperada una huelga de hambre
para intentar parar su inminente desahucio. Atendía a la prensa con un
hilo de voz y un arsenal de medicamentos en el bolso.
Madre de dos
hijas, el verse en la calle le desencadenó un cuadro de dolencias de las
que le costará recuperarse. Rocío logró su objetivo, el banco le dejará
permanecer a cambio de un alquiler de 250 euros, pero sus pastillas
antidepresivas siguen en el bolso. “Me encuentro mejor, aunque sigo con
ansiedad.
No tengo trabajo y para que no me echen del piso tengo que
pagar antes del 6 de cada mes el alquiler. Dependo del dinero que me da
mi exmarido por las niñas. El abogado de la PAH me dice que para evitar
esa sensación procure tener el dinero desde el mes anterior. La pena es
que me es imposible”. (El País, 30/10/2012)
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