"La excusa aducida de cumplir los plazos y cuantía del déficit se ve
desmentida por los hechos; no se cumplirán en absoluto las previsiones, y
la deuda privada y pública sigue estando en torno a los 3,5 billones de
euros. El sacrificio impuesto a la mayoría ciudadana es, pues, ineficaz además de injusto.
La deuda pública ha alcanzado los 817.000 millones de euros y genera
anualmente un desembolso más que oneroso para las arcas del Estado. Este
yugo -esta soga atada al cuello de la Tesorería del Estado
independientemente de lo que la ha motivado en un porcentaje notable-,
la llamada deuda ilegítima, es una exigencia constitucional por obra y
gracia de los señores diputados y senadores que votaron la reforma
constitucional de septiembre del 2011.
Cuando cualquier empresa que entra en quiebra está obligada -por ley-
a que los primeros pagos que atender sean los salarios y después las
demás deudas, la iniciativa del PSOE y el PP carga sobre funcionarios,
jubilados y ciudadanos necesitados de servicios asistenciales la
responsabilidad de atender el pago de los intereses a bancos españoles y
extranjeros.
Mientras que Bruselas ha terminado por flexibilizar los plazos para cumplir con el déficit,
el Gobierno anterior y el presente no han querido contemplar la vía de
la quita, el aplazamiento, la auditoría o cualquier otra que pudiera dar
un respiro a los ciudadanos. Son los Gobiernos que en nombre de los
mercados gobiernan contra sus propios compatriotas.
Julio Anguita." (El Economista, 21/12/2012)
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