"Los bancos de alimentos se han convertido en alternativa para miles
de familias en paro. Sin ingresos estables ni prestaciones sociales, ni
tarjeta sanitaria, con hijos en edad escolar, sin becas ni ayudas,
acuden a ellos para recibir una cuota de alimentos para sobrevivir.
Pasta, leche, huevos, azúcar, arroz, galletas y alguno que otro
enlatado. También se aprovisionan de artículos de limpieza y aseo
personal. No pierden la dignidad y salen adelante. Asimismo, las
campañas navideñas de organizaciones no gubernamentales (ONG),
caracterizadas por ubicar sus objetivos solidarios en África, Asia o
América Latina, hoy demandan alimentos para bancos y comedores sociales
en España.
Sus peticiones dejan al descubierto la desarticulación del
estado de bienestar. La brecha entre ricos y pobres se profundiza.
España se torna dual. Las diferencias sociales se hacen visibles.
Imágenes de la posguerra civil, en los años 40, con cartillas de
racionamiento, hambre y pobreza vuelven a estar presentes.
Se trata de
gente pidiendo en las calles, semáforos, el Metro, durmiendo entre
cartones, yendo de casa en casa solicitando algún producto para
alimentar a la familia o trabajo. Ya no son vagabundos o marginales.
Son
trabajadores desahuciados, despedidos de su trabajos que viven en
coches con su prole y no reciben prestaciones. Vuelve la España dual,
excluyente, caciquil y oligárquica.
La ilusión de una sociedad moderna se difumina. La Constitución es
papel mojado. Ni social ni democrática ni de derecho. Las pensiones se
congelan, la educación se torna confesional. Se impone la asignatura de
religión católica en los colegios públicos. La vivienda es un lujo al
alcance de pocos.
Pero los bancos mantienen cerradas más de medio millón
de viviendas. La justicia sigue el mismo camino, los ciudadanos, por
recurrir sentencias o acudir a los tribunales, deberán pagar elevadas
tasas. Se elimina el concepto de justicia redistributiva y garantista.
Sólo tendrán justicia quienes tengan dinero.
El turno de oficio se
restringe. La sanidad se entrega a empresas cuyo fin consiste en obtener
ganancias. Ninguno de los beneficiarios de las privatizaciones de
hospitales y centros de salud pertenecen a la esfera sanitaria. Son
empresas afincadas en la construcción, coresponsables de la burbuja
inmobiliaria. Ahora, en medio de la crisis, trasladan su codicia a la
sanidad.
La salud, si se privatiza, se convierte en un buen negocio para
especuladores sin escrúpulos. Los beneficiaros son conocidos. Dragados y
Contratas, Sacyr, Acciona, Hispania o FCC. Pertenecen a bancos como
BBVA, BSCH y similares. Así administran dolor.
Mientras se pone a la venta el sistema sanitario, la justicia,
la educación, las compañías aéreas, las universidades, los aeropuertos e
infraestructuras, algo inédito comienza a extenderse por Europa.
Familias noruegas, danesas y suecas inician un plan de
apadrinarfamilias españolas en situación de exclusión. Son decenas los beneficiarios. Les pagan el alquiler de la vivienda y les mandan dinero para hacer frente a la educación de sus hijos.
En otras esferas el problema es similar. Los fondos para investigar
se han reducido 75 por ciento, con el consiguiente cierre de
laboratorios y líneas de investigación. Trabajos pioneros sobre sida,
cáncer, genoma humano, etcétera, se tiran a la basura. Se disuelven
equipos interdisciplinarios y los profesionales desilusionados, con
sueldos de miseria, abandonan por impotencia.
En los años 80 muchos de
ellos, con carreras prometedoras en el extranjero, regresaron bajo el
compromiso de obtener contratos y una inversión amplia en I+D. Se
sienten engañados. La fuga de cerebros se generaliza en todas las
disciplinas. Física, química, ingeniería, medicina, ciencias
ambientales, nuevas tecnologías, etcétera.
Muchos de ellos hacen
maletas. La juventud, sin futuro, busca fuera una opción de vida digna.
No importa en qué ni cómo. Pero la ministra de Trabajo lo interpreta
como resultado
del espíritu de aventura y afán de conocimiento de una juventud llena de vida.
Los trabajadores han sido las víctimas propicias de esta política de
repartir dolor. Los empresarios acumulan, reciben beneficios, se dan la
gran vida, pero exigen austeridad y moderación salarial. El despido
libre se generaliza. La reforma laboral, desde su aplicación, ha visto
aumentar las cifras de paro en más de medio millón de personas.
Suma y
sigue. La criminalización de las protestas da un salto cualitativo. La
policía tiene orden de tomar datos a manifestantes y pasarlos al
Ministerio de Interior. De manera aleatoria se pide la documentación y
en una o dos semanas reciben una multa de entre 300 y 500 euros por
disturbios o resistencia a la autoridad." (Marcos Roitman Rosenmann, La Jornada, Rebelión, 24/12/2012)
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