"Con unos intereses de la deuda pública que rondan los 40.000 millones de
euros al año, a lo que hay que añadir para el 2013 el coste de los más
de 57.000 millones de nueva emisión y los 141.000 millones de renovación
de deuda que tiene vencimiento este año, solo cabe esperar un ciclo
vicioso de más endeudamiento, más sufrimiento, deterioro de los
servicios públicos, pérdida de prestaciones y privatización del
patrimonio público.
Si los gobiernos hubieran financiado
su actividad a los mismos intereses que la banca ha pagado al Banco
Central Europeo (BCE) desde 2000, hoy la deuda pública sería inferior al
60% del PIB; y aún sería menor si no hubieran bajado los impuestos a
las rentas altas y a las grandes empresas durante los años de bonanza y
el fraude fiscal no alcanzara la escandalosa cifra del 8% del PIB.
No es
sólo por el despilfarro en “aeropuertos sin aviones” y otros tantos
lujos inútiles, que también, sino que buena parte de la deuda se origina
por rebajas fiscales de quienes, después, han prestado a la
Administración lo que no pagaron en impuestos o recibieron en ayudas. Y
no es justo que tanto privilegio lo pague ahora la ciudadanía.
Además, unos 240.000 millones de deuda
y avales públicos proceden del saneamiento y rescate bancario (algunos
en procesos judiciales o con acusaciones de fraude y gestión negligente)
y la Troika impone programas de austeridad con el único objetivo de que
los inversores puedan recuperar el dinero prestado al Estado, dedicando
menos impuestos al gasto social, y para que las empresas con negocios
fallidos puedan devolver los créditos recibidos en los años del boom,
bajando salarios y precarizando las relaciones laborales.
Todo bajo el
amparo de la ley por los gobiernos de turno, pero es inmoral y suicida
arrastrar al paro y la pobreza a un país para cobrar el dinero prestado. (...)
Además, la reestructuración de la deuda y las quitas son prácticas
reconocidas en la legislación internacional, por lo que su renuncia en
la Constitución es una cláusula leonina e ilegítima forzada por nuestros
acreedores.
Con ella se vulneran convenios internacionales suscritos
por el Estado español, como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que califica los bienes básicos de la ciudadanía -salud,
educación, alimento, seguridad económica y vivienda- como derechos
universales e inalienables y, por tanto, de obligada tutela por los
Estados, por encima de otros derechos de interés secundario o de grupo.
Ante esta situación, cada vez se oyen
más voces que reclaman una moratoria, reestructuración o condonación de
parte de la deuda financiera y de sus intereses. La realidad es tozuda y
acabará por imponerse.
La Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la
Deuda (PACD) está recogiendo datos que ponen de manifiesto que existe
deuda ilegítima que no deben pagar los contribuyentes, y una opacidad en
las cuentas que vulnera la obligación de transparencia e información
pública, por lo que se reclama la realización de auditorias
independientes bajo control ciudadano en todas las administraciones
públicas." (Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, 15/03/2013)
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