"Los bancos y cajas españoles, "con el beneplácito del Banco de España
y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores", 'inundaron' en el
año 2009 los hogares españoles con participaciones preferentes por importe de 13.552 millones de euros,
comprometiendo así los ahorros de miles de clientes minoristas pese a
la tormenta financiera y al contexto de incertidumbre máxima en los
mercados.
El motivo: cubrirse las espaldas ante las crecientes
exigencias de recapitalización derivadas de la crisis.
Es la
denuncia central del abogado Juan Manuel Moreno-Luque, y de su
asociación, Activa Preferentes, formada por 300 afectados, que se han
querellado conjuntamente contra 40 entidades de ahorro y 45 de sus directivos,
por delitos de estafa, publicidad engañosa, delito societario,
maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información
privilegiada.
La novedad de esta acción judicial es que se dirige
por la vía penal y de forma global contra todas las entidades que
emitieron las preferentes, y también contra grandes empresas como Telefónica o Repsol-YPF,
participadas por esos bancos y cajas.
Entre los querellados están las
principales entidades financieras del país, como Banco Santander, BBVA,
Popular, o Sabadell, y la práctica totalidad de las cajas de ahorros.
La querella penal ha recaido en el juez Central de Instrucción número 4
de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que debe decidir ahora sobre
su admisión a trámite. Es el mismo magistrado que en julio del año
pasado aceptó investigar graves delitos en la gestión de la crisis de
Bankia, y tiene imputado por ello al expresidente de la entidad, Rodrigo
Rato, y a otros 32 exconsejeros de la entidad y su matriz, BFA.(...)
Moreno-Luque quiere desterrar la idea falsa en relación a las preferentes de
que debe resolverse "caso por caso". En su opinión, cuando enfrente
tienes a toda la banca española, debe actuarse de forma conjunta, ya que
se requieren medios potentes y costosos.
La base de sus reclamaciones
son los informes periciales, que en el caso de las preferentes han
encargado a Prosper Lamothe y Miguel Pérez Somalo, que han elaborado el dictamen que acompaña a la querella.
En declaraciones a Público,
Moreno-Luque subraya como segunda gran mentira que rodea a las
participaciones preferentes la de que ofrecían una gran rentabilidad. El
letrado asegura, por contra, que las preferentes nunca tuvieron mejor remuneración que la deuda pública.
Moreno-Luque explica gráficamente que, el problema de las preferentes en España sería comparable a que, en la tragedia del 11-S,
se estuvieran reconociendo indemnizaciones a las víctimas pero negando,
al mismo tiempo, que las dos torres gemelas fueron abatidas en un
ataque terrorista.
En su opinión, la solución debe partir de admitir la verdad,
es decir, que a los bancos y cajas, "como no tenían un duro y
necesitaban fortalecer su solvencia", no se les ocurrió nada mejor que
emitir 13.500 millones de euros de preferentes y venderlas a clientes
minoristas que no tenían conocimientos para entender uno de los
productos más complejos del mercado. "Y es que se trata de un engaño desde el nombre, ya que no es una participación preferente sino ultrasubordinada", expone el abogado.
La querella da especial relevancia a la emisión masiva de preferentes en el año 2009,
cuando ningún otro país de nuestro entorno lo hizo, y su destino a los
clientes minoristas, no cualificados para entender un producto tan
complejo, y a quienes se vendió como si fuesen activos de renta fija.
Ese año, los bancos emitieron 13.552,95 millones de euros en
preferentes, más de la mitad de los cuales fueron colocados por cinco
entidades: Cajamadrid (3.000 millones de
euros), La Caixa (2.000 millones), Santander (2.000 millones), BBVA
(1.000), y la CAM (850 millones).
Según explica
Moreno-Luque, si se tiene en cuenta que todas las entidades denunciadas
tenían 24.000 sucursales bancarias, supone que cada oficina colocó a sus
clientes minoristas una media de 55 millones de euros. (...)
Moreno-Luque recuerda que, del total de participaciones preferentes, un 84,6% se colocaron a clientes minoristas no cualificados,
y sólo el resto a clientes institucionales.
Añade que se vendieron a
precios totalmente fuera del mercado --pese a que los bancos los
conseguían en los mercados con el 70% de descuento--, y no lo advertían
al cliente.
De acuerdo al abogado de los querellantes, los inversores fueron engañados por una información que ocultaba la valoración, complejidad e indefinición de estos instrumentos financieros, que incluso para los expertos eran ininteligibles.
En relación a los arbitrajes que han propuesto algunas entidades a los clientes con preferentes, Moreno-Luque los desaconseja: "Es
como si te roban el coche y te llama la Policía a decirte que, si estás
dispuesto a recuperarlo, van a seleccionar a un árbitro, que es el
auditor del ladrón, que será quien establezca las condiciones". (Público, 08/04/2013)
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