"Más de 50 juristas españoles han firmado un manifiesto para apoyar
expresamente la Iniciativa Legislativa Popular que tramita el Congreso
de los Diputados para resolver el drama de los desahucios, lo que consideran "una obligación moral" y una "cuestión de vida o muerte"
en los tiempos que corren.
El documento avala expresamente la dacion
en pago retroactiva para liquidar una deuda hipotecaria y la
paralización de los desalojos, en ambos casos cuando afecten a la
vivienda habitual.
El manifiesto está firmado por 53 jueces,
magistrados, secretarios judiciales, abogados, procuradores,
catedráticos de Derecho, funcionarios y también por un notario. Entre
ellos figura el juez de Barcelona José María Fernández Seijo,
que elevó la consulta a los tribunales europeos que derivó en la
condena a España por no tener mecanismos para frenar los abusos en
materia de ejecuciones hipotecarias.
El documento está redactado
en forma de "carta a todos los/las compañeros/as juristas de España a
propósito de la tragegia de los denominados 'desahucios'".
La
misiva destaca que los firmantes dan su apoyo a la iniciativa
legislativa que puede suponer "un cambio importantísimo en la vida de
muchísimas personas, presentada con el apoyo de más de 1.400.000
firmas".
"No nos dirigimos a ti --dicen estos juristas a sus
compañeros-- para que nos ayudes a buscar soluciones o a realizar
estudios de carácter jurídico sobre la cuestión. Tampoco vamos a hacer
contigo gestos grandilocuentes, ni queremos animarte a desarrollar comportamientos de desobediencia civil (...)
Únicamente estamos mostrando nuestro apoyo a una iniciativa para que,
por los mecanimos democráticos, una determinada norma sea modificada,
como tantas otras son modificadas todos los días."
Los firmantes se desmarcan de las "voces de expertos en Economía (y
también de “supuestos expertos” en Economía) diciendo que no es viable
la dación en pago. Estos expertos sólo representan a una parte de los
técnicos en la materia. Pero es que el hecho de que España se constituya
como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 de la
Constitución) implica entre otras cosas la sumisión de todos los
poderes, no a criterios económicos, sino al imperio de la Ley.
Y en cuestión de Leyes, los expertos somos nosotros.
Y sabemos de qué hablamos cuando decimos que la ley, en un régimen
democrático, debe ser la expresión de la voluntad del pueblo".
Agregan
que "no es consustancial a la hipoteca el que una persona, además de
perder su vivienda entregándola a la entidad financiera (con la
posibilidad para ésta de volver a enajenarla, en definitiva de volver a
obtener beneficio de ella), haya de responder con todo su patrimonio
actual y futuro de una deuda hipotecaria que sigue subsistiendo a pesar
de la entrega del bien.
Tampoco que haga frente a unos altísimos intereses fijados unilateralmente por el Banco. Todo eso no sucede en otros países".
Por
ello, entienden que en España se modifique la regulación es sólo
cuestión de voluntad política. "Sólo están pidiendo, con nosotros, dación en pago cuando la vivienda hipotecada sea la vivienda habitual (con efecto retroactivo, sí),
y la paralización de los desahucios cuando se trata también de
vivienda habitual y de deudores de buena fe, con conversión en alquiler
social, de modo que un máximo del 30% de sus ingresos se destinen a
pagar por el uso del inmueble".
"Pero que ese deudor --añaden los firmantes-- no se quede en la
calle. Estas medidas afectan, según los cálculos de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, a un porcentaje muy reducido de las
ejecuciones hipotecarias".
"Te pedimos que, públicamente, apoyes
la proposición de ley. Con ellos, podemos hasta salvar vidas
humanas. Dar esperanza a muchísma gente, ayudarles para que puedan
tener una segunda oportunidad. La presión social, para que se apruebe
la propuesta, es fundamental. Y nosotros somos.
Entre otras cosas,
porque cada día vemo una voz relevante en el debate que se está abriendos
de cerca las consecuencias que en las personas tiene la aplicación de
las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico", agrega la
carta.
"Sólo te ruego --señalan los firmantes-- que nos coloquemos junto al dolor de tantos seres humanos. Somos
juristas; en muchos casos, además, servidores públicos. Pero la
neutralidad y objetividad que debemos observar en el desarrollo de
nuestras actividades profesionales, son compatibles con nuestro legítimo
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como ciudadanos.
Nada hay ilegal, nada reprochable, en expresar nuestra voluntad de que
una norma jurídica sea modificada por los trámites legalmente
previstos".
"Para nosotros, apoyar esta causa, es una obligación
moral. Más que nunca, una cuestión de vida o muerte. Literalmente.
Porque por comportamientos de las entidades financieras, calificados ya
como “abusivos” en muchas instancias, incluso judiciales, hay personas
que están muriendo".
Como colofón, señalan: "Nos ha tocado vivir un momento histórico, y el día de mañana, queremos tener la conciencia tranquila de que, pacíficamente, luchamos. Hicimos
todo lo que estaba en nuestra mano. Y mucho de lo que está en nuestra
mano, no está en la de todas esas personas que esperan que les
ayudemos. ¿Te unes a nosotros?"
Paralelamente a esta carta, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha iniciado una campaña de
apoyo de juristas de toda España a la misma Iniciativa Legislativa
Popular, a través de la página: www.juristasporlailp.wordpress.com" (Público, 09/04/2013)
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