"¿Qué es la Ley de Costas y por qué sigue siendo tan polémica una norma de 1988?
La Ley de Costas se concibió para abordar los grandes problemas de
nuestro litoral: su degradación física y su privatización, y para
garantizar su uso público, libre y gratuito. Es una ley básica para la defensa ambiental, precursora en la identificación de espacios de alto valor ecológico
y pionera en el mundo.
Sin la Ley de Costas muchos espacios costeros
habrían desaparecido y no podrían formar parte, como lo son hoy, de la
Red Natura 2000 para la conservación de la biodiversidad europea.
Además, es una ley que identifica y deslinda el dominio público
marítimo-terrestre (la anchura de las playas, zonas de dunas, humedales,
y otras formaciones costeras). En esta franja en la que se encuentran
la tierra y el mar no es seguro ubicar instalaciones.
Identificándola y dejándola libre es un espacio de defensa natural,
de amortiguamiento, para proteger de las inundaciones a la población.
Esto es más importante cuanto más se sabe de las consecuencias del calentamiento global.
La razón por la cual esta ley ha estado rodeada de polémica se debe a
que retira el uso privado y privativo de esa franja denominada dominio
público marítimo-terrestre, con lo cual los propietarios de terrenos que
se ubican en dicha franja se consideran afectados por la misma.
Además,
las limitaciones de esta ley a ciertas actividades que son
incompatibles con la conservación de la costa nunca han gustado a
determinados sectores.
¿La modificación de la Ley de Costas promueve la especulación?
Sí. Es abrir la puerta a una carrera salvaje orientada al lucro
rápido y privado de unos pocos a costa de sustraer para siempre un
espacio público a la población. Significa que el Gobierno promueve
cambios legislativos a la carta que sólo beneficiarán a sectores que, en
muchos casos, han protagonizado importantes episodios de especulación y
corrupción en nuestro país.
Lo siguiente será la retirada o
desclasificación de miles de metros cuadrados del dominio público
marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección, que es territorio
público, para planeamientos urbanísticos o que se extraigan recursos, y en unos pocos años habremos perdido nuestro litoral que quedará en manos privadas para siempre. Nuestra costa va a pasar a ser la ‘costa nostra’. (...9
¿La enmienda del PP en el Senado para rebajar la zona de protección de la costa de cien a 20 metros es una estrategia?
La propuesta pretende reducir los terrenos incluidos en dominio
público marítimo-terrestre, a través de diversos mecanismos. Por
ejemplo, modificando la definición para las dunas, algunas de las cuales
podrían considerarse excluidas de esta franja, o retirando del dominio
público terrenos que, siendo invadidos por el mar, no sean navegables
(sin especificar qué tipo de navegación).
En este caso concreto, el
propio Gobierno directamente sugiere la fórmula de inundar ex profeso
cualquier marisma o marjal poco profundo para que esos terrenos se
desclasifiquen y puedan pasar a manos privadas.
También retirando del dominio público todas las áreas que hayan sido inundadas artificialmente
para poder llevar a cabo determinadas actividades, como son las salinas
o los cultivos marinos. Las empresas a las que en el pasado se les
permitió la opción de operar en estas zonas públicas con una concesión
podrían quedárselas definitivamente.
Por otro lado, la reducción de la servidumbre de protección de cien
metros –que en los ‘80, cuando se aprobó la ley, fue una medida de
mínimos– a 20 metros supone equiparar a urbano cualquier terreno en los
primeros cien metros de costa tras la línea de mar.
Es decir, podrá ser
urbano si se ponen en marcha los instrumentos de planeamiento
correspondientes. Así, de un lado, se pueden consolidar actuaciones
urbanísticas ilegales que quedarían dentro de esta franja, y, por otro, se incita a la transformación de los primeros cien metros en todo el litoral.
El Gobierno además amplía a 75 años el plazo de las concesiones para la
ocupación del dominio público, lo que supone en realidad una
privatización de facto. Además, se establecen diversas excepciones para
la aplicación de la Ley, como en el deslinde de Formentera, y amnistía,
también, para cumplir con la ley a diez núcleos de poblaciones costeras.
¿Se han tenido en cuenta las previsiones de subida del mar? ¿El Estado tendría de indemnizar a los propietarios de las viviendas?
No, pese a que el Gobierno conoce esta amenaza. (...)
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y la
Universidad de Cantabria, por ejemplo, realizaron investigaciones
preliminares que apuntan a una realidad: las inundaciones costeras afectarán a amplias zonas del litoral español.
Cualquier cambio que se pretenda hacer sobre la Ley de Costas debería
integrar esta realidad. Pero este tema no se trata ni se pretende
gestionar. Estas investigaciones identifican en el litoral español más
de 300 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación. (...)
Un lugar que reúne unos paisajes y una diversidad envidiada en Europa, que atrae cada año a millones de turistas y que es un potente generador de empleo para la mayor industria del país." (Diagonal Global, 23/04/2013)
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