"Enredado el debate del aborto en las contradicciones
entre quienes se supone decidirán la reforma, y con la izquierda y las
organizaciones de mujeres dispuestas a dar la batalla, convendría al
menos saber de qué estamos hablando. Con ese fin pretendo aquí aclarar
algunas confusiones.
1. Una ley más restrictiva evitaría miles de abortos. Falso.
Ese titular apareció
en un diario nacional pero no se sostiene. Una ley que impida abortar
legalmente reduciría, obviamente, el número de abortos legales, pero
aumentaría los clandestinos o en el extranjero. Un estudio de la
OMS publicado en la respetada revista médica The Lancet en 2012 confirmaba que la tasa de abortos no es inferior, más bien al contrario, en los países que lo prohíben.
Los abortos se practican allí en la clandestinidad con grandes riesgos sanitarios para la mujer. Pero se practican.
2. Una ley de plazos es más permisiva que la de supuestos.
Según como se mire.
Es más permisiva en el sentido de que no obliga a
la mujer a dar una justificación (la más socorrida era el riesgo
psicológico) en abortos en el primer trimestre de gestación. Pero la ley
de 2010 es mucho más restrictiva para practicar abortos en embarazos
avanzados, al introducir el criterio de la viabilidad fetal.
Esto
implica que incluso en caso de riesgo grave para la madre, un feto de
más de 22 semanas no puede ser eliminado si hay posibilidad de sacarlo
adelante (porque la medicina ha mejorado mucho la supervivencia de los
neonatos prematuros). Sin embargo, con la ley anterior podía alegarse
riesgo psicológico en cualquier momento del embarazo, porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985
que tanto invoca Gallardón eliminó los límites temporales al aborto por
peligro para la madre.
Si a usted no le parece lo mismo un aborto el
primer mes de gestación que en el octavo, puede considerar la ley de
plazos más garantista para el no nacido. Otro ejemplo: el Reino Unido
tiene una ley de supuestos tan amplia que en la práctica es de plazos.
Durante décadas ese país ha recibido a mujeres llegadas de otros países
para acogerse a ella. Francia, Alemania o Italia tienen leyes de plazos.
3. La reforma de Gallardón pretende volver al modelo de 1985. Incierto.
El ministro ha hecho saber que no se considerará la malformación
del feto como causa de aborto, lo que acaba con uno de los tres
supuestos de esa norma. Además se plantea que cada aborto por riesgo
para la madre sea acreditado por dos médicos
ajenos al centro que practica el aborto, cuando con la ley de Felipe
González era un único profesional, normalmente el de la clínica, el que
certificaba el riesgo.
Lo del riesgo psicológico era un coladero, sí.
Todo el mundo lo sabía. Aznar no lo modificó en ocho años de Gobierno.
¿Cómo discutir que enfrentarse a una maternidad indeseada implica un
problema psicológico?
4. La ley de 1985 funcionaba bien. Dudoso.
Funcionaba en el sentido de que hacía posible, gracias al coladero
citado, que se practicaran los abortos por el cauce legal. El detonante
de la reforma de 2010 fue la constatación de que la norma anterior no
resolvía la inseguridad jurídica, como se demostró cuando una unidad de
la la Guardia Civil citó a declarar a decenas de mujeres que habían abortado en la clínica Isadora, en un caso que el juez archivó tachándolo de montaje.
Por otro lado, un reportaje de una televisión danesa
desveló que una clínica de Barcelona atraía a personas de toda Europa
para abortar fuera del límite de 22 semanas. Este caso sí llegó a juicio
pero los delitos no pudieron probarse y acabó en absolución. En todo caso influyó en la decisión de fijar plazos más estrictos.
5. Son las personas más incultas las que abortan. Lo dijo Escudero de forma rotunda y nada elegante, pero ningún dato lo constata.
Las estadísticas del Ministerio de Sanidad
indican que abortan mujeres de todas las edades, niveles de formación y
perfiles socioeconómicos. Solo un 2,3% de los abortos corresponden a
mujeres sin estudios; un 11% son de universitarias. Tampoco es
demostrable con las cifras que el número de abortos sea más elevado en
las clases más desfavorecidas, lo que no sería difícil de explicar en su
contexto social.
El dato que sí es constatable es que las inmigrantes
recurren al aborto más que las españolas: un 40% de los abortos son de
extranjeras, una proporción muy superior a su peso en la población.
6. El aborto lo deben decidir los médicos de la sanidad pública.
Complicado.
El empeño de Gallardón por asegurar que todo aborto
responde a un criterio médico es uno de los asuntos más conflictivos de
la reforma. ¿Está el sistema sanitario público preparado para
participar, con un diagnóstico previo por partida doble, en decenas de
miles de intervenciones cada año? En la sanidad está extendida
una especie de objeción de conciencia tácita,
que ha desviado casi todos los abortos al sector privado, aunque no se
dispone de un registro general de objetores, así que se desconoce
cuántos aceptarían participar en ellos. El asunto de fondo es que esta
reforma trasladaría la responsabilidad final, la decisión última, de la
mujer a su médico. ¿O tendría una mujer que peregrinar de doctor en
doctor hasta que alguno avale lo que está decidida a hacer en cualquier
caso? Sin duda lo encontraría.
7. Las mujeres no irán a la cárcel con la nueva ley. El ministro de Justicia lo afirma con grandilocuencia.
Lo cierto es que las mujeres que abortan no iban a la cárcel con la ley
de 1985 ni pueden ir con la de 2010, así que no se ve la novedad.
La
ley vigente sólo prevé multas para la mujer por aborto ilegal, no así
para el médico. Incluso con una ley más dura puede ocurrir que no vayan a
la cárcel si no tienen antecedentes, porque la condena máxima sea
inferior a dos años de prisión, lo que no evita que se enfrenten a un
proceso penal. Eso se quería evitar con la ley de 2010. Porque no
beneficia a nadie ni repara nada: a un trauma añade otro.
8. Se protege más la vida animal que la del embrión humano.
Lo dijo esta semana en Twitter Beatriz Escudero (refiriéndose al
cefalópodo) y hace unos años lo decía la Conferencia Episcopal, con
aquella campaña del lince que estaba más protegido que un niño talludito.
Proteger el medio ambiente y
la vida animal, en especial de especies amenazadas, es algo propio de
países avanzados. Regular el aborto para que el fenómeno se encauce por
vías legales también lo es. El lince ibérico
es una especie autóctona, una
riqueza de nuestro ecosistema, que gracias a los esfuerzos científicos
se está
salvando de la extinción.
En los restaurantes se fríen cefalópodos
(calamares, pulpo, sepia) todos
los días y se sirven en un plato a quien quiera comérselos. ¿Qué
demonios tiene eso que ver con que haya mujeres que se enfrentan a un
embarazo indeseado?
9. ETA y el aborto tienen poco que ver, algo sí, pero no demasiado.
Supongo que lo que quiso decir Fernández Díaz es que ambos fenómenos
causan muertes de personas.
La afirmación es muy propia de ese discurso
político que detesta los matices y adora los mensajes simples. Y
entonces todo es lo mismo: los nazis que los escraches; los terroristas que su víctima Eduardo Madina; Hitler y Stalin que Artur Mas. Con esa visión es el mismo pecado cortar un embarazo que poner un coche-bomba. Coherente con lo que se oye.
10. Existe una violencia estructural que empuja a las mujeres a abortar. Otro argumento de Gallardón
necesitado de más explicaciones.
Si quiere decir que las mujeres
deciden sobre su embarazo coaccionadas, tendría que detallar por quién.
Si lo que afirma es que hay circunstancias que presionan a favor del
aborto se nos ocurren muchas: paro, precariedad laboral, falta de acceso
a la vivienda, recorte de ayudas sociales de todo tipo, despidos
fáciles, empobrecimiento, impago escandaloso de las pagas por cuidados a
dependientes... Ninguna de esas variables ha ido a mejor con el
Gobierno de Rajoy.
11. El número de abortos es muy elevado en España. Esto sí es cierto.
118.359 abortos en 2011 no son una cifra menor (María R. Sahuquillo detalla los datos en este artículo).
Era igualmente elevada antes de entrar en vigor la ley de plazos, y son
factores demográficos (mujeres en edad fértil) y socioeconómicos
(migraciones, crisis) los que explican mejor las variaciones anuales.
Estamos en torno a 10 abortos al año por cada 1.000 mujeres, cifra que
se sitúa en la media europea según un estudio de 2011 de la revista internacional de ginecología BJOG.
Países con leyes flexibles para el aborto como Holanda están muy por
debajo de las tasas españolas, en 7 por 1.000; los países de Europa del
Este tienen los registros más altos de la Unión. Cifras abultadas en
cualquier caso." (Ricardo de Querol, blog Mujeres, El País, 10/05/2013)
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