31.5.13

El dinero de la sanidad privada se va... a Inglaterra

"Adeslas se lanza en 1998 a construir y gestionar en Alzira un hospital público a cambio de una cuota por habitante asignado (la conocida después como “cápita”), que abona la Administración autónoma. El experimento no sale bien y en 2003 debe acudir al rescate la Generalitat Valenciana, que paga los platos rotos y vuelve a sacar a concurso la gestión privada del hospital.

 La misma concesionaria se hace cargo en condiciones más favorables: un aumento considerable de la “cápita” y la inclusión de la Asistencia Primaria, que actúa de filtro y control de los mayores gastos de la especializada. El caso Alzira serviría de banco de pruebas, ofreciendo claves interesantes para el negocio en la redacción de los sucesivos Pliegos de cláusulas administrativas.

 Así se abre la veda a la fiebre privatizadora y en los años siguientes se producen curiosos traslados de responsables políticos al ámbito privado, además de compras, ventas y absorciones del lado del capital. Como todavía el sistema financiero gozaba de buena salud y las cajas actuaban de brazo clientelar del partido en el poder, tanto Bancaixa como la CAM entraron como socios en distintas operaciones (Bankia y Banco Sabadell tienen el 50% de Ribera Salud).

 Las hemerotecas tumban el torpe argumento que achaca a la crisis la necesidad imperiosa de privatizar la sanidad.

La foto-finish de la última década registra la entrada del capital riesgo y la toma de posiciones de las aseguradoras médicas privadas en el proceso, con la tranquilidad de que la propia FAES (el conocido think tank del PP) ha elaborado el documento transformador de nuestro Servicio Nacional de Salud y sabiendo que el control político garantiza maniobrar sin estorbos.

 La opción es entrar en un negocio con ventas aseguradas, sea cual sea la evolución de la coyuntura económica, con amplios márgenes de aprovechamiento de economías de escala y la aplicación de un neoliberalismo radical. Y si las cosas van mal, la responsabilidad subsidiaria corre a cuenta de la Administración del Estado, que tendría que acudir al socorro de los enfermos, como así ha sucedido en otras ocasiones.

Curiosamente, son los fondos de capital riesgo los que van ganando la partida, teniendo activos y sedes que radican fuera de España y dinero fundamentalmente de origen británico. El resultado es que perdemos de vista (desgravaciones, sociedades interpuestas, paraísos fiscales…) el lugar de tributación de los beneficios y que una parte de nuestro PIB menguante y de las cotizaciones de todos al sistema sanitario se escapa fuera.  (...)

¿Y por qué se ha puesto el acento en la externalización de los hospitales madrileños? Evidentemente, lo primero es tener el control político, y asegurado este, cuenta el número de habitantes atribuidos a cada hospital, que multiplicado por la “cápita” da por resultado unas cifras cuantiosas para los hospitales madrileños. 

Otra cosa a preguntarse es quién avala el censo actualizado de potenciales usuarios (y su cualidad) o, sobre todo, cómo se fija el gasto medio per capita. De los hospitales sacados a concurso en la Comunidad de Madrid, la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) ha señalado un sobrecoste de 100 euros por persona.

Aunque el compromiso fijado en los pliegos suele contemplar el mantenimiento del personal fijo, el respeto a las condiciones de los internos y el mantenimiento de los eventuales, lo cierto es que la legislación actual permite en pocos meses su menoscabo, demostrado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda: una reciente nota periodística daba cuenta del despido de 220 empleados fijos y 180 internos.  (...)

Las alarmas deben permanecer encendidas ante la posible ilegalidad de ceder un bien público, un hospital en funcionamiento, que se expropia temporalmente por 8, 10 y hasta 20 años —según los casos—, sin coste de traspaso en cuanto a instalaciones y aparatología, con el pago seguro por la Administración de una “cápita” ni siquiera debatida o explicada en el órgano de representación democrática de los ciudadanos. Creemos que es un tremendo error histórico desmantelar, aun con todos sus defectos, uno de los mejores logros de nuestro recorrido democrático: la sanidad pública."   (El País, 30/05/2013)  

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