"El incremento de la economía sumergida lleva a una erosión
considerable de la base fiscal con la consecuencia de una menor
provisión de infraestructuras y de bienes básicos públicos que derivan
en un menor crecimiento de la economía y, vuelta empezar, menor
recaudación fiscal.
Este gap fiscal, se produce no solo como resultado
de lo que denominamos “economía sumergida”, sino que se alimenta también
de transacciones financieras no declaradas (muchas de ellas con parada y
fonda en los denominados paraísos fiscales), de actividades ilegales y,
en mayor medida si cabe, de prácticas de la “elusión fiscal” muy usual
en las transacciones internacionales que llevan a cabo de forma
cotidiana las empresas transnacionales.
Las estimaciones disponibles hablan, para el caso español, de cifras
que van desde el 19,2% del PIB, como volumen de la economía sumergida,
hasta un 24%. Ese PIB irregular merma la recaudación fiscal con pérdidas
impositivas que se sitúan entre 31.000 y 80.000 millones de euros al
año, cifra esta próxima a todo el presupuesto de la sanidad española. (...)
Un aspecto interesante para frenar la dinámica de esta lacra social e
incluso lograr contraerla, surge al considerar el uso de medios de pago
en efectivo como uno de los pilares que sustentan su desarrollo; si se
reduce su utilización, secaríamos la fuente de financiación de la
economía oculta.
Así llegaríamos también a la necesidad de intervenir /
controlar la actividad financiera de los paraísos fiscales, veredero
lubricante del lado oscuro del capitalismo.
En esta perspectiva, medidas como el tope al pago en efectivo (en
España, 2.500 euros), deberían complementarse con otras que hicieran su
aplicación más eficaz en la lucha contra el fraude, como impedir la
deducibilidad fiscal de los pagos que contravengan el citado límite, la
reducción del circulante en billetes grandes (de 500 euros) o promover
el uso alternativo de los medios electrónicos de pagos.
Hay muchas evidencias de que estos y en especial las tarjetas,
resultan ser instrumentos eficientes para fiscalizar de modo más
preciso, pues permiten transparentar mejor la trazabilidad de las
transacciones, por el control y el fácil tracking financiero que
conllevan. Una combinación de reducción del efectivo y de expansión del
uso del dinero electrónico, problemas de implantación aparte,
significaría menor espacio para el desarrollo de la economía sumergida.
El coste de sumergirse se vería incrementado, al facilitarse la
detección de las irregularidades.
En Europa las tarjetas de crédito/débito se usan menos que el efectivo:
una media del 22% de las transacciones se pagan con las mismas frente al
78% en EE UU, donde las estimaciones disponibles concluyen que hay un
menor desarrollo de la economía irregular. En España, asimismo, la
presencia del efectivo es mucho mayor (83%) incluso que en Europa. (...)
No se trata de llenar el BOE de normas y más normas, de contenido
exclusivamente represor, sino de potenciar las propias fuerzas del
dinamismo económico y eliminar, como está sucediendo en Suecia (una de
las economías más avanzadas del mundo), el dinero metálico o fiduciario
como medio de pago." (
Santos Ruesga Benito
, El País, 14 JUN 2013 )
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