"Tras la reforma de 2011,
el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la
Comisión Europea en su informe “The 2012 Ageing Report”, sería del 14%
del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente
debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de
jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el
efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de
natalidad de la historia).
Es decir, tendremos que destinar a las
pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones
países como Austria, Francia o Italia.
En todo caso, actualmente, el gasto del sistema público de pensiones
español es, en relación al PIB, tan bajo cuando lo comparamos con el de
la mayoría de los países de nuestro entorno que no cabría hablar de que
su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB,
mientras que la media de la eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el
conjunto de la UE, el 11,3%.
Y la situación no va a cambiar durante
muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es
quien nos insta a reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones
será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y
aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues,
en modo alguno, la premura ni la obligación por el lado del gasto (...)
El supuesto “déficit” actual del sistema público de pensiones es,
además, una entelequia y carece de relevancia porque el sistema público
de pensiones no es ni puede ser un sistema cerrado y autofinanciado por
las cotizaciones en todo momento y lugar. Y si las cotizaciones no son
suficientes de forma coyuntural para financiar las prestaciones en un
determinado contexto, el desfase ha de ser cubierto en ese periodo por
las aportaciones del Estado, como sucede en todos los demás grandes
sistemas públicos (como el judicial o el de la defensa o cualquier
otro).
E incluso en estos momentos en algunos sistemas privados, como el
financiero, y con menor justificación aún en casos como, por ejemplo,
el de las autopistas, donde el Estado podría asumir una deuda de 3.500
millones de euros de empresas propiedad de más de 50 entidades
financieras y 10 grandes constructoras. (...)
En definitiva, la forma en la que se está
vinculando la evolución actual de los ingresos del sistema público de
pensiones, derivada de la crisis, y el desfase entre estos y el gasto en
pensiones con una supuesta inviabilidad del sistema público de
pensiones está plagada de errores conceptuales sobre los cuales se va
realizando una construcción argumental que carece de sustento, y sobre
la que se pretende argumentar un nuevo y más grave recorte de las
pensiones.
Y la insistencia de la Comisión Europea en vincular la
adopción de tales medidas con la flexibilidad (imprescindible, en todo
caso, desde el punto de vista económico, especialmente después del
gravísimo error cometido en los tres últimos años por la política
económica auspiciada por la Comisión) en el programa plurianual de
reducción del déficit público son, ambas, cuestiones que carecen de
justificación.
Frente a ello, es preciso contemplar y
analizar las decisiones de la Comisión y otras instancias europeas con
una mirada política, entendiendo que las mismas derivan de la defensa de
posiciones e intereses con claros componentes ideológicos. Lo mismo que
deberíamos hacer con los editoriales de todos los periódicos." (Alberto del Pozo Sen, Economistas frente a la crisis, 09/06/2013)
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