Maria del Carmen Andujar junto a su familia en su casa de Huelva. / IVÁN BOZA
"El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy el primer expediente de expropiación del uso de una vivienda en la comunidad autónoma amparada en la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda, que sustituye al decreto antidesahucios recurrido por el Gobierno.
La beneficiaria, según ha avanzado la Junta, es una vecina de Huelva, María del Carmen Andújar, que solicitó en abril acogerse a la norma autonómica tras recibir una notificación de desahucio por el impago de su hipoteca.
El expediente de esta vecina fue el primero en publicarse en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA)
y ha sido también el primero en llegar a término, una vez que el
Gobierno andaluz ha rechazado las alegaciones presentadas por AYT Mixto
III, la sociedad de titulación de créditos hipotecarios que había
solicitado el embargo de la vivienda.
La mujer, casada y con dos hijos de 15 y17 años a su cargo, perdió su casa en octubre del 2011, cuando llevaba 15 meses sin pagar la hipoteca y el inmueble salió a subasta después. Tenía fecha de desahucio para el 14 de mayo, pero consiguió frenarlo al iniciarse el procedimiento para acogerse a las medidas del decreto de la Junta.
La norma andaluza quedó en suspenso en julio cuando el Gobierno central lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero la aprobación el pasado 25 de septiembre de la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda a permitido a la Junta reactivar las expropiaciones de uso durante tres años.
La empresa y el Gobierno andaluz tendrán ahora que negociar las condiciones económicas de la expropiación. Si no hay acuerdo, la Comisión provincial de valoraciones, dependiente de la Consejería de la Presidencia, fijará un justiprecio." (El País, 15/10/2013)
La mujer, casada y con dos hijos de 15 y17 años a su cargo, perdió su casa en octubre del 2011, cuando llevaba 15 meses sin pagar la hipoteca y el inmueble salió a subasta después. Tenía fecha de desahucio para el 14 de mayo, pero consiguió frenarlo al iniciarse el procedimiento para acogerse a las medidas del decreto de la Junta.
La norma andaluza quedó en suspenso en julio cuando el Gobierno central lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero la aprobación el pasado 25 de septiembre de la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda a permitido a la Junta reactivar las expropiaciones de uso durante tres años.
La empresa y el Gobierno andaluz tendrán ahora que negociar las condiciones económicas de la expropiación. Si no hay acuerdo, la Comisión provincial de valoraciones, dependiente de la Consejería de la Presidencia, fijará un justiprecio." (El País, 15/10/2013)
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