Silvina enseña los papeles de la reagrupacion familiar de su madre. T.M
"Silvina lleva en España una década. Hasta aquí llegó desde su
Argentina natal para ampliar sus estudios. Encontró trabajo, se fue a
vivir con su pareja, tiene un hijo y otro de camino.
También tiene un
permiso de residencia y de trabajo vigente y una nómina a final de mes.
Pese a todo ello, cada día se levanta con una inquietud: si su madre se
pone enferma y no puede hacer frente a los gastos sanitarios… puede
quedarse sin dinero y sin vivienda.
A finales del año pasado, Silvina decidió iniciar los trámites para
la reagrupación familiar y traerse a su madre de 74 años a España. La
mujer estaba sola, había padecido un cáncer que ya superó, y ella
pensaba que junto a su familia estaría mejor. Así que comenzó con la
burocrácia.
“Acudí”, recuerda, “a la oficina de la delegación de Gobierno y allí
me pidieron de todo, justificar su dependencia económica, que tengo
dinero para mantenerla, que tiene un lugar donde vivir, incluoso llegan a
medir mi casa, me pidieron todo, pero no me dijeron que necesitaba un
seguro privado”.
Y es que la historia de Silvina es difícil de entender. Todos sus
males radican en el Real Decreto 16/2012 aprobado en abril del año
pasado y que entró en vigor hace un año y un mes. Según ese Real
Decreto, su madre que vive ya en España y depende de ella, con permiso
de residencia vigente hasta 2015, no tiene derecho a la sanidad pública.
“De esto me entero cuando voy al centro de salud y me empiezan a dar
largas”, recuerda. Tras varias visitas al Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) le llegan a decir que “quizás había alguna
posibilidad si su madre cotizase”, con 74 años de edad.
Por ahora, Benita, la madre de Silvina, no ha tenido ningún
contratiempo en los meses que lleva en España pero su hija se pregunta,
“¿qué pasa si tiene algún problema? Solo me dicen que se atendería y
luego me embargarían porque seguramente yo no podría hacer frente al
pago de esa factura”.
“A mi me pueden embargar y quedarme en la calle, si mi madre se pone
enferma”, se lamenta. “Si eso pasa, a mi me embargan, mi cuenta no llega
a los tres números, tengo un sueldo normal, soy una empleada, tengo un
piso hipotecado a 40 años, soy una persona normal, como cualquiera”.
De hecho, el drama de Silvina y Benita es que, tal y como le han
reconocido desde servicios sociales “si no tuviese papeles sería más
fácil porque se podría buscar algún tipo de solución”. Curiosamente, tal
y como están las cosas, si Benita no renovase su documentación, su hija
podría cometer un delito penal de tráfico de personas, según le han
explicado los abogados.
Vista su situación, se puso en contacto con la plataforma Yo sí, sanidad universal
que le está intentando ayudarle, pero la situación es complicada. Desde
la Conselleria de Sanitat se justifican diciendo que si Benita tuviese
algún problema, sería atendida sin problemas en urgencias. Sobre si le
pasarían la facturación, aseguran que “sí, como en cualquier situación”.
Silvina, ha decidido alzar su voz porque a su juicio el RD 16/2012 lo
que ha hecho es crear “ciudadanos de primera, segunda y tercera
categoría”. Además critica que la sociedad “no haya valorado lo que
tenía” con el sistema sanitario español y lanza un mensaje a los
políticos “lo que no puede ser es que por un Decreto como este, esté
muriendo gente”. (...)" (La Marea, 01/01/2013)
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