"El 25% del PIB, o lo que es lo mismo, más de 250.000
millones de euros anuales. Ésa es la escandalosa cifra a la que el
sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) eleva el
volumen de la economía sumergida en España y que nos sitúa a la cabeza
del fraude entre las grandes economías de la UE -sólo superados por
Italia-, y con un 80,6% del fraude total fiscal y laboral que queda
oculto y sin castigo cada año.
Esta cifra
es la que figura en el informe que sobre la evasión fiscal en nuestro
país está ultimando Gestha y en el que se muestra que, lejos de
disminuir, la economía sumergida ha crecido casi dos puntos, desde el
23,3% del PIB, en los últimos años como consecuencia, en gran parte, de
la crisis.
Pero no sólo
es la crisis, porque los técnicos de Hacienda también responsabilizan al
Gobierno, al que califican de "poco ambicioso" en la lucha contra el
fraude, de esta situación.
De hecho, apuntan que los resultados de las
actuaciones de control en el último año y medio, que permitieron aflorar
más de 22.500 millones de euros de fraude a Hacienda y la Seguridad
Social, suponen sólo el 19,3% de toda la evasión anual.
Esto supone que la tasa de impunidad fiscal en nuestro país,
se eleva hasta el 80,6% de la evasión total, y eso en lo que el propio
Ejecutivo califica como el mejor año de la Agencia Tributaria en la
lucha contra el fraude.
Por conceptos tributarios, los responsables de Gestha
estiman que sólo el fraude en impuestos y cotizaciones sociales supera
los 90.000 millones de euros, mientras que la defraudación en el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) produce una pérdida de recaudación
de 17.176 millones anuales, el 1,6% del PIB nacional, y una cifra que
es más del doble que la registrada al principio de la crisis económica,
en que el agujero del IVA no llegaba a 7.000 millones de euros.
Esta alta evasión fiscal es una de las causas que explican
el bajo rendimiento en la recaudación por IVA puesto que, aseguran,
Hacienda sólo recauda 9,7 euros de cada cien que se gastan en consumo en
España. Cifra muy por debajo de la media de la UE, que se sitúa en 12,3
euros y que nos coloca en el último lugar de los grandes de la Unión.
Los cálculos de Gestha coinciden en líneas generales con los del informe
sobre la economía sumergida del Servicio de Estudios de La Caixa, en el
que se afirma que la erradicación de la economía sumergida acarrearía
un aumento de la recaudación fiscal de entre 60.000 y 80.000 millones de
euros anuales.
Un importe "notable, si se tiene en cuenta que, en 2012,
el total de impuestos y contribuciones sociales pagados en España fue
de 347.000 millones de euros. (...)
Estas cifras resultarían del objetivo casi utópico de la erradicación
total de esta lacra de la economía sumergida. Pero el mismo informe de
La Caixa apunta que "si partimos de una corrección más realista, por
ejemplo de una reducción del peso de la economía sumergida hasta el
equivalente alemán (del 18,6 al 13% del PIB), se afloraría una
recaudación de entre 18.000 y 20.000 millones de euros. (...)
En el caso de España, y para determinar cuáles son los
factores más relevantes que impulsan la actividad defraudadora, uno de
los pocos estudios empíricos disponibles, el prestigioso de Schneider y
Buehn, correspondiente al ejercicio de 2012, relaciona el relativamente
abultado tamaño de la economía sumergida española con la excesiva e
ineficiente regulación en un ámbito muy concreto: el mercado laboral.
A cierta distancia de esta sobrerregulación laboral, también
identifican el nivel de imposición indirecta y la imposición personal
como factores que incentivan la ocultación de actividades en España.
Establecen, igualmente, que el grado de aceptación social de las
prácticas fraudulentas es un factor relevante, aunque mucho menos que
las variables laborales y fiscales.
Es por ello que los expertos coinciden en asegurar que una
simplificación de los trámites administrativos y tributarios redundaría
en un descenso del fraude y de la economía sumergida." (El Economista, 05/11/2013)
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