"(...) En absoluto se puede sacar como conclusión de la reducción de la
prima de riesgo, que se han solucionado los problemas de financiación de
la deuda de las Administraciones Públicas y mucho menos, que el
Gobierno se atribuya los méritos de ello. (...)
Un análisis más profundo de la situación nos lleva a una conclusión
alejada de las tesis ortodoxas y nos indica que los mercados financieros
no están reflejando las crecientes dificultades de pago que tiene la
economía española y las amenazas que se ciernen sobre la misma.
Mario Dragui realiza sus famosas declaraciones “El Banco Central
Europeo hará lo necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será
suficiente”. La interpretación de esta posición política como síntoma de
fortaleza, provocó que la prima de riesgo cayera hasta los 500 puntos
básicos. (...)
El respaldo supone que, en el caso de que se produzca un
agravamiento de la situación, la entidad actuará como “prestamista de
última instancia” para la emisiones de deuda pública por lo que la
demanda de bonos estaría garantizada y eso disminuye sensiblemente el
riesgo de la inversión[5].
El resultado ha sido evidente ya que a finales de año la prima de
riesgo de España cerró por debajo de los 400 puntos básicos. Durante
2013, la prima de riesgo sigue bajando progresivamente y se cierra el
ejercicio en el entorno de los 200 puntos básicos y con el bono a 10
años a una rentabilidad del 4%.
Desde las escuetas declaraciones de Draghi, la prima de riesgo
española ha caído más de un 67% desde julio de 2012. Pero no ha sido la
única que ha experimentado ese recorrido. Mayor ha sido el descenso de
la de Grecia que ha alcanzado el 74% e Irlanda con el 71%. En este mismo
período los diferenciales de Italia y Portugal se han reducido en ese
período en un 60%[6].
Por lo tanto, es evidente que ha sido la actuación del Banco
Central Europeo la que ha llevado a una mejora de la prima de riesgo.
Para quienes consideren que este horizonte más despejado tiene que ver
también con una mejor perspectiva de futuro de los indicadores de la
economía española, lamento decir que la corrección de los desequilibrios
está lejos de conseguirse. (...)
Hay factores que afectan mucho más a la solvencia de la economía
española y a la capacidad de pago de las Administraciones Públicas como
el rápido crecimiento de la deuda directa y de los avales, un déficit
primario que amenaza en convertirse en crónico, la dificultad de colocar
nuevas emisiones para hacer frente a las amortizaciones y a las
necesidades de financiación, el endeudamiento externo en cifras máximas y
el riesgo de subida de los tipos de interés. Todos estos elementos
conforman un cóctel explosivo para las Administraciones Públicas. (...)
Sin embargo ese auxilio, que ha pasado por la ilimitada financiación a
las entidades bancarias privadas para que, a su vez, acudan a las
subastas de la deuda soberana no ha solucionado los problemas. Los
bancos han destinado el dinero del BCE a la compra de deuda pública y a
cubrir sus propios créditos.
Eso les ha permitido obtener, a costa de
las Administraciones Públicas, elevadísimos beneficios pero
insuficientes para restablecer su solvencia[7].
La política implementada no ha ido acompañada de la depuración de los
activos dañados y hay más dudas que certezas sobre el valor real de los
activos bancarios.
El segundo efecto de este rescate ha sido la
expulsión de la financiación al sector privado ya que comprar deuda
soberana genera incentivos superiores a las entidades bancarias a
prestar recursos a empresas y familias sobre-endeudadas[8].
Pero ese efecto ha repercutido negativamente en los estados financieros
de los bancos ya que el estrangulamiento de familias y empresas ha
supuesto un fuerte incremento de la morosidad y el debilitamiento de los
balances bancarios[9].
El círculo vicioso se completa con la profunda debilidad estructural de
la deuda pública que han adquirido las entidades bancarias y que,
paradójicamente, tienen la consideración para éstas de “activos libres de riesgo”.
El análisis de los pasivos en circulación de la administración central,
comunidades autónomas y corporaciones locales muestra las amenazas que
ponen en seria duda la sostenibilidad de la deuda pública.
El tratamiento aplicado no tiene capacidad más que de paliar parte de
los síntomas de la enfermedad del sobre-endeudamiento que aqueja a las
economías europeas y, de forma extrema, a la española. La banca europea
y, en concreto, la española sigue estando en situación de insolvencia y,
al mismo tiempo, es quien financia los desequilibrios insostenibles de
las Administraciones Públicas.
Para que las entidades bancarias puedan
resistir, se acude en su auxilio con mecanismos que suponen una
transferencia de recursos desde el ámbito público y eso compromete la
solvencia de la deuda pública y agudiza por tanto los desequilibrios de
los bancos.
Pero para romper ese perverso vínculo entre gobiernos y entidades
bancarias es preciso enfrentarse a una cruda realidad: Tanto entidades
bancarias como administraciones públicas deberán reestructurar sus
pasivos y aplicar quitas a sus acreedores para hacer sostenibles sus
respectivas deudas. (...)
La prima de riesgo baja, sí, pero el riesgo que amenaza a la deuda de las Administraciones Públicas no deja de incrementarse." (Carlos Sánchez Mato, Attac Madrid, 23/01/2014)
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