La salida del euro constituye una alternativa necesaria para recuperar la soberanía y superar la gravísima crisis que atravesamos

"El Tratado de Maastricht y la aparición del euro desencadenaron una guerra comercial que ha devastado las economías de los países periféricos y lleva camino de hacer lo propio con sus sistemas políticos, destruyendo la soberanía y desmantelando el bienestar de los estados que se encuentran en dificultades. 

Pronto se evidenció que aquella prosperidad había derivado de un previo y continuado desarrollo económico y social conseguido en el plano nacional por estados enmarcados en el constitucionalismo social de posguerra, con dinámicas intervencionistas y planteamientos redistributivos que la unión económica y monetaria ha eliminado por completo. Se trata, en palabras de Emmanuel Todd, de la negación de Europa.

En este contexto, se antoja imprescindible desbordar los márgenes impuestos y atreverse a plantear la ruptura con las limitaciones que impiden el avance de un programa realizable de transformación social. En nuestra opinión, la salida del euro constituye una alternativa necesaria para recuperar la soberanía y superar la gravísima crisis que atravesamos.

Se trataría, junto con la negación al pago de la deuda ilegítima, del primer paso de una estrategia constituyente que pretenda el reequilibrio de la economía en el marco de un desplazamiento del poder económico y social hacia el Trabajo, situando al Estado en el puesto de mando de la economía.

La estrategia tiene numerosos y diversos eslabones. De entrada, es previsible que la devaluación monetaria provoque un incremento de la deuda externa, pues debería liquidarse en una moneda mucho más valiosa que la nuestra y sería imposible continuar satisfaciéndola. 

Por lo que respecta a la deuda pública (alrededor de 300.000 millones de euros), parece ineludible la suspensión de pagos y la realización de una auditoría pública para asegurar una quita sustancial que aligere el aplastante peso de la deuda sobre nuestra economía. 

En particular, consideramos que debería declararse ilegítima la contraída por el Estado en la reestructuración y rescate del sistema financiero, que ha supuesto una obscena socialización de las pérdidas acumuladas por la banca en la financiación de las burbujas bursátiles e inmobiliarias.

Por lo que respecta a la deuda privada, los bancos estarían bajo presión y tendrían que afrontar quiebras. Las tensiones que experimentaría el sector financiero harían insoslayable la nacionalización del mismo y la creación de una banca pública con el fin de garantizar los depósitos y asegurar una financiación estable a las pequeñas y medianas empresas. 

Además, y fundamentalmente, el control público del crédito haría posible afrontar los desequilibrios de fondo que han provocado la crisis, convirtiendo la banca pública en un instrumento clave para revertir la financiarización de la economía y transitar de un modelo dependiente basado en la especulación a un modelo basado en la economía real, productiva e industrial.

En paralelo, el Estado debería nacionalizar los sectores estratégicos (servicios públicos, transporte, energía y comunicaciones) y promover una política de inversiones públicas que, manteniendo la protección y defensa del medio ambiente como pilar fundamental, contribuyese a modificar y renovar la estructura productiva del país, deteniendo los procesos de desindustrialización y especialización productiva que derivan de una inserción asimétrica en la economía europea. 

Como han destacado algunos autores, la crisis económica está provocando un preocupante deterioro de nuestra capacidad productiva motivado por la debilidad de la actividad inversora, la descapitalización del tejido industrial y la descualificación de la fuerza de trabajo, ahondando la fractura productiva que separa al centro de la periferia^[1]. 

En este contexto, la reconversión del modelo productivo deviene una tarea urgente, so pena de embocar una rápida y dramática transición al subdesarrollo. En definitiva, se trata de iniciar una trayectoria de crecimiento diferente, caracterizada por la intervención pública en la economía, la colaboración de un sistema bancario público y el respeto al principio de sostenibilidad ecológica.

 Como correlato de lo anterior, la estrategia constituyente tendría que abordar dos aspectos cruciales para detener y revertir la ofensiva neoliberal: una reforma fiscal progresiva y una profunda reestructuración del mercado de trabajo, como expresión de una nueva racionalidad económica que sirva a los intereses de la mayoría social.(...)"       ('La Unión Europea: una nueva colonización (y II)', de Héctor Illueca y Adoración Guamán en Público, en Caffe Reggio, 25/01/2014)