En Alemania y Reino Unido, los propietarios de viviendas vacías pueden verse forzados a alquilar e incluso se prevé la expropiación

"Según el censo del Instituto Nacional de Estadística de 2011, hay en España unos 3,4 millones de viviendas vacías. De ese total, se calcula que entre 800.000 y un millón están en manos de entidades financieras o grandes promotoras.

 Buena parte de esas viviendas está manchada de sangre. Proviene de ejecuciones hipotecarias. Las víctimas son las de siempre. Familias que firmaron contratos abusivos con los bancos, que han perdido el empleo, y que, de un golpe, se han quedado sin ingresos, sin casa y endeudados. (...)

 El grueso de esas viviendas es hoy propiedad muerta. Desocupada, infrautilizada. Como todo lo que toca el Vampiro. Algunos ayuntamientos han comenzado a enviar señales de alarma. Producida una ejecución hipotecaria, no es extraño que la entidad financiera se desentienda de lo que ocurre en los pisos desocupados.

 Las consecuencias son obvias: ingreso de ratas y otras alimañas, generación de focos infecciosos, filtraciones de agua. Satisfecho, el Vampiro tampoco tiene interés en actuar como un vecino diligente. Ni asiste a las reuniones de comunidad ni paga.  (...)

La otra cara de este festín impúdico es lo que ocurre fuera del castillo de los privilegiados: aumento de la exclusión social urbana y de la pobreza infantil, agudización la xenofobia en los barrios más degradados, depresiones y otras enfermedades vinculadas a la falta de techo.

 Y la muerte, claro, como recordó hace algún tiempo Manuel Gómez Beneyto, presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría, a propósito de la relación entre suicidios y desahucios.

En muchos países de Europa, la vampirización sin fin es considerada una auténtica patología social. Y para erradicarla, se recurre no solo a técnicas de fomento, sino también a sanciones. En Dinamarca, en los municipios de mayor tamaño, se imponen multas a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de 6 semanas.

 En los Países Bajos, este fenómeno ha sido combatido, entre otras vías, mediante la despenalización de la ocupación de viviendas vacías durante más de un año. En Francia, las viviendas desocupadas pueden ser sancionadas con un canon. 

Y si se trata de personas jurídicas que las han mantenido desocupadas durante 18 meses, pueden dar lugar a requisas. En Alemania y Reino Unido, los propietarios pueden verse forzados a alquilar e incluso se prevé la expropiación.

En el caso español, el Vampiro del poder inmobiliario-constructor-financiero no se ha dejado domesticar con tanta facilidad. La Ley catalana del derecho a la vivienda, de 2007, contempló la expropiación del uso de las viviendas vacías que permanecieran desocupadas de forma permanente e injustificada durante más de 2 años. Aunque la medida nunca fue aplicada, fue una de las primeras que el Gobierno de CiU decidió derogar.

 La ley andaluza sobre función social de la vivienda, de 2013, decidió lanzar la ristra de ajos directamente sobre las sociedades mercantiles y las entidades financieras. E introdujo, para ello, la posibilidad de que les fuera expropiado el uso de las viviendas en casos de “emergencia social”. Como en tantos otros casos, el Vampiro contó con leales aliados institucionales. 

A poco de aprobada la norma, la Comisión Europea sostuvo que este tipo de previsiones ponía en riesgo la asistencia financiera al sistema bancario español. También el Gobierno se plegó a las exigencias de la Troika y solicitó al Tribunal Constitucional que suspendiera su aplicación.

Gracias a las ocupaciones espontáneas u organizadas por movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), muchas de las viviendas zombies generadas en los últimos años han vuelto a la vida. Algunos ayuntamientos, por su parte, se han atrevido a idear algunos antídotos y han comenzado a multar a los bancos por tener pisos vacíos o desocupados. 

Son medidas de mínimos, desde luego, pero resultan fundamentales si se quiere evitar que la impunidad sea absoluta. Después de todo, en la actuación de las entidades financieras puede verse algo más que simples infracciones administrativas.  (...)

Ayer mismo, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) presentó un Dictamen Jurídico preparado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Juli Ponce, para el Ayuntamiento de Terrassa, en Cataluña. En él se recuerda, entre otras cuestiones, que existen varios artículos del Código Penal que podrían incriminar a los bancos. 

Así, por ejemplo, el 281, que prevé penas de prisión y de multa para quien “detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer a un sector del mismo” o de “forzar una alteración de precios”, sobre todo en “situaciones de grave necesidad”.

 O el 289, que también sanciona a quien “por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social”, o “de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad”.

Que estas sanciones puedan aplicarse depende, como es obvio, de que exista voluntad institucional y una presión social suficiente y constante. En cualquier sociedad decente, esa presión debería traer aparejada algunas medidas que, en un contexto de emergencia como el actual, se han tornado de sentido común.

 La primera, la prohibición tajante de los usos especulativos y anti-sociales de la propiedad privada, comenzando por aquella que afecta a bienes básicos como la vivienda. 

La segunda, la expropiación de los expropiadores, esto es, el desarme del actual poder inmobiliario-financiero en beneficio de una banca ética, pública y social, y de un parque amplio de vivienda social de alquiler. Esa sería la auténtica estaca en el corazón del Vampiro."              (Gerardo Pisarello,Artículo publicado en eldiario.es, en Attac España, 25/03/2014)