"(...) En efecto, si bien el gobierno estadounidense dejó quebrar a Lehman Brothers en septiembre de 2008, ningún banco ha sido cerrado [3]
o desmantelado por decisión judicial, ningún dirigente bancario ha sido
condenado con penas de cárcel.
La única excepción en el mundo
occidental se refiere a Islandia, donde la justicia ha condenado a penas
de prisión firme a tres dirigentes bancarios:
Larus Welding,
principal dirigente del banco Glitnir, quebrado en 2008 cuando todavía
era el tercer banco del país, fue condenado a finales de diciembre de
2012 a 9 meses de prisión; Sigurdur Einarson y Hreidar Mar Sugurdsson,
los dos principales dirigentes del banco Kauphing [4], fueron condenadosv en 2013 a cinco años y cinco años y medio de prisión respectivamente [5].
Sin embargo, tanto la justicia estadounidense como la europea tienen
ante sí delitos muy graves cometidos por los bancos más grandes: estafa
organizada contra clientes, (pequeños) accionistas y accionariado
público; blanqueo de capitales procedente del crimen organizado; fraude
fiscal a gran escala; manipulación organizada de los mercados de cambio;
uso de documentación falsificada; delitos por uso de información
privilegiada; destrucción de pruebas; enriquecimiento abusivo;
manipulación organizada del mercado de los CDS; manipulación en el
mercado de las commodities; complicidad en crímenes de guerra [6]... La lista no es exhaustiva.
Eric Holder, procurador general de los Estados Unidos, interrogado en
junio de 2013 por una comisión del Senado de su país, resumió claramente
el fondo de la doctrina “demasiado grandes para ser condenados”. A
propósito de los grandes bancos declaraba en esencia que “esas
instituciones son tan grandes que es difícil llevarlas ante los
tribunales, y si se hiciera, sería para darse cuenta de que,
efectivamente, inculparlas por actividades criminales podría tener
repercusiones negativas para la economía nacional, e incluso para la
economía mundial” [7].
Las consecuencias de esta
posición son claras. El hecho de que la especulación y los crímenes
financieros hayan causado la peor crisis económica desde el pasado siglo
pesa muy poco en la balanza de la justicia. Aunque tales excesos estén
asociados a una epidemia de fraudes [8], a todos los niveles, en
las operaciones bancarias en Estados Unidos, esas instituciones están
autorizadas a proseguir con sus operaciones.
Les basta alcanzar a un
acuerdo con la justicia a fin de pagar una multa para evitar una
condena. Imaginen una situación como la siguiente: tras un mes de
investigación, la policía encuentra a una persona que ha cometido un
robo de un millón de euros. En el momento de ser arrestado, la persona
en cuestión declara al juez de instrucción y a la policía: “propongo
pagar dos mil euros de multa, me dejáis en libertad y no emprendéis
acciones judiciales, ¿de acuerdo?”.
El juez y la policía le dicen: “OK,
no hay problema, perdone las molestias. Que le vaya bien. Intente no
dejarse coger de nuevo, sería una pena”. El trato de favor al que tienen
derecho los banqueros responsables de delitos y crímenes financieros no
es muy diferente de esta situación imaginaria, y Bertold Brecht tenía
toda la razón al plantear la pregunta: “¿quién es mayor criminal, quien
roba un banco o quien funda uno?” [9].
Las consecuencias
directas de las fechorías de los bancos son particularmente graves: 14
millones de familias en los Estados Unidos han sido expulsadas de sus
viviendas entre 2007 y 2013 (ver cuadro más abajo). De ellas, se ha
demostrado que al menos 495.000 familias lo han sido de forma totalmente
ilegal [10] , millones de personas han perdido su empleo, una
parte de ellas han caído por debajo del umbral de la pobreza, la tasa de
suicidios ha aumentado entre las personas afectadas, la deuda pública
ha estallado y los fondos de pensiones de los países desarrollados han
perdido cerca de 5.400 millardos de dólares [11] . (...)" (Éric Toussaint, Rebelión, 28/04/2014)
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