"(...) Los dos aspectos más relevantes de ese sistema que conducen a laconsolidación del estatus duopolista de
nuestra estructura política son los que se refieren a la
proporcionalidad y a la determinación de las circunscripciones
electorales.
La proporcionalidad se establece como norma general en
todas las elecciones -con la única excepción de las del Senado, para las
que rige un sistema mayoritario corregido-, aunque su aplicación se
matiza con la exigencia de una proporción mínima de votos para
participar en el reparto de escaños -que en las elecciones generales es
del tres por ciento-, a la vez que éste se sujeta a la Ley D’Hont -que
concede una prima a los partidos más votados-.
Y la circunscripción electoral es siempre la provincia, sea cual sea
su número de habitantes, además de las dos ciudades autónomas,
asignándose a cada una de las cincuenta existentes un número mínimo de
diputados, más los que le correspondan en el reparto proporcional a la
población de los escaños que exceden a ese suelo de representación
. De
esta manera, actualmente todas las provincias cuentan con al menos tres
diputados, con la única excepción de Soria, que tiene dos, y de Ceuta y
Melilla, que tienen uno cada una.
La combinación de estos dos elementos conduce a que en 34 de las 52
circunscripciones sólo entren dos partidos en la asignación de escaños.
Ello proporciona un cómodo colchón de 161 diputados que en diferente
proporción se reparten los dos partidos mayoritarios. Y, a su vez, sólo
en 18 provincias obtienen representación tres o más partidos.
Con
respecto a éstas, conviene puntualizar que en doce de ellas el
electorado aparece fragmentado por la conjunción de dos ejes
ideológicos, el que va de la izquierda a la derecha y el que se define
por las posiciones nacionalistas o españolistas, lo cual complica las
posibilidades de éxito electoral de los nuevos partidos de ámbito
estatal.
En resumen, por tanto, nuestro sistema electoral concede una prima de representación al duopolio que forman el PP y el PSOE.
Y en un ámbito menor a los partidos nacionalistas que ocupan posiciones
hegemónicas en sus respectivos territorios.
Se comprenderá entonces que
la idea de la ruptura de ese duopolio resulte más un deseo utópico que
una posibilidad práctica; y que, por mucho que en las elecciones
europeas esos dos partidos pudieran verse castigados por los votantes,
es institucionalmente inviable su desplazamiento radical en el reparto
del poder.
Lo más que razonablemente podría ocurrir es que ambos se
vieran envueltos en una situación en la que resultara dificultoso formar
una mayoría de gobierno, en especial si se quisiera eludir el apoyo de
los partidos nacionalistas en el caso de que éstos, para darlo,
exigieran el tránsito hacia la posible ruptura de la unidad nacional.
Tal vez entonces socialistas y populares pudieran verse abocados a dejar
de lado sus diferencias para, bajo una gran coalición, enfrentar las
reformas institucionales, entre ellas la electoral, que desde hace
tiempo viene reclamando el deteriorado estado político y económico de
España." (MIKEL BUESA, LIBERTAD DIGITAL 16/04/14, en Fundación para la Libertad)
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