(...) Los salarios del personal sanitario se han visto reducidos, como
media, en un 20% desde el año 2011, aunque en algunos centros y
exclusivamente respecto a los facultativos, el decremento se aproxima al
50%.
A pesar de que los responsables de la Consejería y los directivos
de los centros, designados y dependientes de la misma, insisten una y
otra vez en pretender convencer a propios y extraños de que parte del
“ahorro” se debe a su gran labor mejorando la gestión y optimizando los
recursos, lo único verdaderamente cierto, objetivo y demostrable es que
el “ajuste” se ha hecho exclusivamente en base al recorte sobre salarios
y plantillas, y a expensas de una notable disminución de la actividad
asistencial.
Se han cerrado camas, quirófanos y unidades enteras de
hospitalización; se han disminuido plantillas y costes de personal; se
ha reducido el número de intervenciones; se han eliminado los turnos de
tarde que daban salida a las listas de espera diagnósticas y
quirúrgicas; se han establecido criterios restrictivos para la
prescripción de algunos medicamentos y de pruebas diagnósticas de coste
elevado; se han cursado instrucciones para disminuir la estancia media y
“agilizar” las altas hospitalarias... y, lo que es más relevante y
explica en gran parte todo lo anterior: se ha derivado actividad
asistencial a centros privados, se ha establecido un acceso preferente a
la atención asistencial privada pero financiada con dinero público, y
se ha puesto en manos privadas la gestión de algunos centros y servicios
públicos sanitarios.
Y todo eso se ha hecho, consciente e
intencionadamente, de forma autónoma en cada centro, permitiendo eludir
así el control parlamentario y utilizando diversas estrategias para
conseguir la colaboración o, cuando menos, la posibilidad de eludir o
minimizar cualquier tipo de oposición o crítica por parte de los
profesionales.
Una de las razones que, a diferencia de lo que ha ocurrido en Madrid,
explican la prácticamente nula respuesta por parte de los profesionales
del sector, radica en el peculiar modelo sanitario catalán, tan loado
por algunos y tan nefasto, vistos los resultados, para el conjunto de
ciudadanos de Cataluña.
El 74% de los hospitales y centros sanitarios de
Cataluña son privados, tanto los hospitales sociosanitarios y
psiquiátricos como los hospitales universitarios y generales de grandes
comarcas catalanas como Granollers, Manresa, Martorell, Terrasa… no
disponen de una sola cama de gestión pública estricta. La asistencia
sanitaria de otras áreas, como Sant Boi o Esplugues de Llobregat, está
casi en su totalidad en manos de la Iglesia.
De los casi 70 hospitales
de Cataluña, únicamente ocho pertenecen al Instituto Catalán de la Salud
(ICS) y son de titularidad al 100% pública: Vall d’Hebron, Bellvitge,
Can Ruti y Viladecans en Barcelona; Josep Trueta, en Girona; Arnau de
Vilanova, en Lérida, y Joan XXIII y Virgen de la Cinta, en Tarragona.
Suman 4.027 camas, lo que representa tan sólo un 12% del total de
Cataluña.
Debe recordarse que el pasado mes de febrero, el Gobierno de la
Generalidad aprobó la fragmentación del organismo público ICS en las
comarcas de Lleida, como inicio del ambicioso plan que tiene previsto la
Consejería para acabar definitivamente con el ya residual sistema
público de salud en Cataluña.
Ese plan permitirá desagregar el único
organismo sanitario público catalán en diversas empresas filiales, con
autonomía de gestión y personalidad jurídica propia, de forma que puedan
eludirse los mecanismos de control del gasto público y que los puestos
de trabajo puedan ser asignados digitalmente, sin sujeción a los
principios de publicidad, concurrencia, capacidad y mérito, exigidos
normativamente para la provisión de empleo público.
Esa decisión se ha
tomado sin participación ni consenso alguno con los agentes sociales;
CiU y ERC rechazaron en sede parlamentaria la moción de ICV que
reclamaba detener ese proceso hasta acordar con profesionales,
sindicatos, dirección de los centros y grupos parlamentarios el
desarrollo de una normativa específica sobre la cuestión.
Esos centros públicos dependientes del ICS son, en este momento,
gestionados directamente por la Generalidad, aunque están incluidos en
la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP). La XHUP es un
organismo constituido por 64 centros hospitalarios de Cataluña, la
mayoría generales, que forman una maraña heterogénea, con distinta
dependencia patrimonial (ICS, Generalitat, Diputaciones, Ayuntamientos,
consorcios entre diversas administraciones, Iglesia y diversas órdenes
religiosas, Cruz Roja y empresas privadas) y con diferente complejidad,
tamaño, función y gestión, pública o privada, con o sin ánimo de lucro.
La situación del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona es el
paradigma de la transparencia y coherencia reinantes en este peculiar
modelo catalán. En el mes de febrero del 2008, ese Hospital fue
transferido a la Generalidad desde la Administración del Estado, que era
su titular.
A pesar de ser uno de los centros sanitarios más
importantes de Cataluña, no tiene ni se conoce su forma empresarial ni
su personalidad jurídica concreta; las actuaciones de la dirección del
centro, e incluso de la Administración catalana, hacen dudar de que la
consideren una entidad de derecho público.
¡El Hospital Clínico! ¡Que
dependía directamente del delegado del gobierno! ¡Una entidad tan
pública, o más, que la Guardia Civil!. Claro está que, esa sorprendente
“duda” sobre la naturaleza pública del Hospital, permite seguir
desviando recursos públicos en beneficio privado, a través de la “joya
de la corona” del sistema, espejo donde se miran con envidia otros
centros y algunos profesionales, que es “Barna Clínic”, gracias a cuyos
suculentos beneficios se consigue la adhesión incondicional de la casta
profesional dominante.
El aquietamiento de los profesionales del sector tiene también otras
explicaciones. Así, por ejemplo, la paz laboral que reina en el Hospital
Clínico, y gracias a la cual se mantiene “el negocio”, ha sido
facilitada mediante la preservación de las condiciones laborales y
salariales de sus trabajadores, prorrogando los Convenios Colectivos
laborales y privados de la entidad, y no aplicando la totalidad de las
normas reservadas a los empleados del sector público que, sin reparo
alguno, han sido impuestas en otros centros, incluso en algunos de
titularidad indudablemente privada.
Pero hay todavía más razones. En contraposición a la progresiva y
creciente precarización laboral que se viene imponiendo a los
profesionales jóvenes aunque sobradamente experimentados, se ha puesto
un excelente cuidado en mantener y potenciar privilegios y prebendas de
la élite profesional, especialmente la vinculada a los actuales poderes
públicos, la que tiene mayor visibilidad social y más fácil acceso a los
medios de comunicación.(...)
A los más fieles y fervorosos devotos al dogma imperante, se les
permite el acceso a la actividad privada en el mismo centro de trabajo e
incluso se finge ignorar que la realizan en otro centro durante la
jornada ya retribuida.
A los “mejores”, a los que forman parte de la
“piña”, se les confía la prestación sanitaria de los pacientes que no
pueden ser atendidos por “insuficiencia presupuestaria” derivándolos a
los centros privados de los que son titulares. (...)" (Carme Pérez, crónica Global, Jueves, 17 de abril de 2014
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