"Un
documento del Banco de España de 2011 y entregado a la Audiencia
Nacional se va a convertir en caballo de batalla en el caso de Bankia.
El informe autoriza la recompra en metálico preferentes a los grandes
inversores financieros a seis meses del rescate de la entidad. Pero
nadie hizo esta misma oferta a los clientes particulares, que quedaron
atrapados con 3.246 millones, en el caso de Caja Madrid.
El
informe del Banco de España tiene fecha de 25 de noviembre de 2011. En
él se autoriza a las entidades que conforman Bankia a comprar en
metálico preferentes y deuda subordinada que había sido colocada a los
llamados inversores institucionales.
El desembolso supuso un pago en
metálico de casi 900 millones de euros. El 9 de mayo de 2012 la entidad fue rescatada. Habían transcurrido sólo seis meses después.
Juan Ignacio Moreno Yaguë,
abogado y candidato a las europeas por el Partido X, es quien lleva la
acusación particular del #15MpaRato y ha localizado este documento entre
los informes entregados a la Audiencia Nacional.
Denuncia que esta
recompra en metálico benefició a los mayoristas profesionales —las
entidades financieras, los grandes fondos de inversión y los tiburones
financieros—, pero no se incluyó a los clientes minoristas, a los
particulares.
La amortización tenía un descuento que rondaba el 30%
sobre el valor nominal, pero ha resultado ser la mejor de las opciones
que se han ofrecido en este caso.Este documento será utilizado por la
acusación para intentar demostrar el "fraude" en la colocación de
preferentes de Caja Madrid en la pieza separada abierta en el Juzgado
Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional.
Moreno asemeja
este proceder al delito de insolvencia punible en un concurso de
acreedores. Esto es, favorecer a unos acreedores frente a otros en vez
de tratarlos a todos en igualdad de condiciones a las puertas de un concurso de acreedores,
como exige la ley. A su entender, Bankia utilizó esta recompra para
despejar las dudas que había entonces entre los grandes fondos respecto
al futuro de la entidad.
Sin embargo, el 96,2% de las preferentes
emitidas en 2009 habían sido colocadas por Caja Madrid entre
consumidores y no entre los profesionales, según ha reconocido ante el
juzgado Carlos Stilianopoulos, presidente de la filial creada para
colocar estos productos (Caja Madrid Finance Preferred).
El
informe del Banco de España favorable a la recompra anticipada a los
inversores institucionales está firmado por Pedro González, director de
Supervisión del Banco de España, y por José Antonio Gracia Saz, jefe de
grupo de los inspectores.
En él se hace constar que las cajas que
componen Banco Financiero y de Ahorros (la matriz creada para la fusión
de siete cajas de ahorros) han solicitado la recompra anticipada de 16
emisiones de deuda subordinada y 4 emisiones de preferentes —emitidas
por Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja de
Segovia y Caja de Ahorros de La Rioja— por un importe nominal de 3.068
millones de euros (2.902 eran de deuda subordinada y 166 millones de
emisiones y de participaciones preferentes).
La recompra "está dirigida
exclusivamente a inversores institucionales".
El
procedimiento utilizado fue el conocido como "subasta holandesa
impropia", en el que el BFA se reservaba el importe y el precio máximo a
aceptar. El pago máximo sería del 75% y el desembolso en metálico, tras
el descuento, suponía 860 millones de euros. El Banco de España
autoriza la operación siempre y cuando se proceda a su amortización.
La
acusación particular ha solicitado ante el juzgado que Bankia entregue
todos los correos de la cúpula directiva de Caja Madrid de entonces para
conocer el expediente de esta recompra.
El juez instructor, Fernando Andreu,
se ha negado a incorporar a la causa los correos de Miguel Blesa, el
entonces presidente de Caja Madrid. Sin embargo, la acusación de
#15MpaRato solicita los correos del resto de la dirección de la Caja al
entender que deben estar a disposición del Banco de España para su
supervisión. (...)" (Público, 20/05/2014)
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