"La Subdelegación de Gobierno de Vizcaya ha dictado dos resoluciones polémicas en las que deniega el permiso de residencia por motivos humanitarios a dos inmigrantes
que hasta ese momento residían en esta provincia, donde estaban
siendo tratados de sus graves dolencias, con su documentación en regla.
Uno de ellos, de nacionalidad senegalesa, está a la espera de un
trasplante de corazón y en situación grave, según su abogado, Javier
Galparsoro. El entorno del enfermo asegura que “se sobresalta mucho y la
noticia ha afectado a su salud”. El paciente ya tiene colocada una
válvula aórtica como consecuencia de esa dolencia cardiaca.
En su resolución, la Subdelegación de Gobierno se justifica indicando
que en el informe médico “únicamente figura condicionantes, y problemas
sobre su estado de salud así como medicación recomendada de fecha
2010”. Sin embargo, Galparsoro asegura que “está en situación de espera
de un trasplante de corazón, algo por lo que ya se le concedió el permiso de residencia el año pasado”.
El segundo caso de solicitud de residencia por motivos humanitarios
que ha tumbado el Gobierno es el de un nigeriano que fue sometido a un
trasplante renal en junio de 2013. Pese a que tiene que someterse a
revisiones constantes, la resolución se basa en el hecho de que
“evoluciona favorablemente” y responde al tratamiento farmacológico.
A juicio de la Subdelegación de Gobierno en Vizcaya, esta persona
“puede seguir su tratamiento en su país de origen”. El organismo le
niega el permiso de residencia ya que el informe médico “no indica la gravedad de la enfermedad alegada”.
Además, la resolución señala que los afectados no tienen unos
ingresos mínimos. Galparsoro recuerda que el listón impuesto por el
Gobierno es de 2.130 euros mensuales. El problema es ver cómo pueden aspirar a obtener esos ingresos si ambas enfermedades les incapacitan para trabajar.
Ambos cobran una ayuda de 866,13 euros del Servicio Vasco de Empleo.
Por este motivo, Galparsoro recurrirá ambos casos en los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Bilbao, con una solicitud para la adopción
de medidas cautelares que les permita seguir recibiendo la asistencia
sanitaria necesaria.
“Es dramática la denegación de asistencia sanitaria tras la
aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 limitando el acceso universal a
la salud a las personas migrantes en condición de simple irregularidad
administrativa, a las que la propia Administración les aboca a esa
situación en un insoportable ejercicio de negligencia y omisión”,
concluye el abogado Galparsoro." (La Marea, 13/05/2014)
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