"Han pasado tan sólo dos años desde que las cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra fueran privatizadas, pero el balance es ya
desastroso.
Según un informe publicado el 23 de junio por la Cámara de
Comptos [tribunal de cuentas navarro], no privatizar la gestión de las cocinas hospitalarias habría supuesto un ahorro de 676.314 euros al año
si la unificación de las cocinas y la instalación del sistema de
producción en frío se hubiera hecho con medios propios del Sistema
Navarro de Salud.
Es decir, la privatización ha resultado más cara para
el bolsillo de los contribuyentes, lo que contradice los argumentos
utilizados por el Gobierno de Navarra para llevar a cabo la
externalización.
Pero el balance es aún peor en lo que atañe a la calidad del
servicio. Desde que el mismo, adjudicado a Mediterránea de Catering, se
pusiera en marcha en enero de 2013, las quejas por parte de los usuarios
han sido constantes.
Hasta mayo de 2014 se contabilizaban 2.322, un 59% de ellas debido a la mala calidad de la alimentación, mientras
que entre 2010 y 2012, cuando el servicio todavía era público, tan sólo
se habían recibido 15.
Desde que saltara el primer escándalo, la
detección de restos fecales en la comida tan sólo tres meses después de
iniciado el servicio, Mediterránea de Catering ha recibido tres
expedientes sancionadores por 17 infracciones, siete de ellas
consideradas infracciones sanitarias graves.
Y éste es sólo parte del
balance, lo que ha llevado el debate al Parlamento navarro, donde Geroa
Bai y Ezkerra han pedido la dimisión de Marta Vera, la consejera de
Sanidad, además de la reversión de las cocinas al sistema público.
La gestión privada se ha ido introduciendo sigilosamente en la
sanidad pública desde que en 1997 se aprobara la ley 15/97 de Nuevas
Medidas de Gestión en la Sanidad con los votos a favor de PP, PSOE, PNV,
CiU y CC. El resultado hoy, según los últimos datos aportados por el
Ministerio de Sanidad en 2011, es que tan sólo un tercio de los 452 hospitales del Servicio Nacional de Salud están gestionados directamente por la Administración.
Fundaciones, consorcios y empresas se disputan el pastel sanitario, y
fórmulas como el PFI (iniciativa de inversión privada) se siguen
imponiendo a pesar de que el principal argumento para aplicarlas, su
menor coste, ha demostrado ser falso.
El pasado 18 de junio, CC OO presentaba un análisis del estudio
económico-financiero y el anteproyecto del nuevo Hospital de Toledo, que
se va a seguir construyendo bajo el modelo PFI después de que las obras
permanecieran paralizadas más de dos años. Según este documento, el nuevo centro costará a la Administración 2.043 millones de euros, 72 millones al año durante los próximos 30 años, que
irán a parar a la empresa constructora que se adjudique el contrato.
La
empresa, que se encargará de finalizar la construcción del centro,
tendrá que invertir 73 millones de euros. Para “compensarla”, el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) le entregará la
concesión, entre 2015 y 2043, de todos los servicios no sanitarios no
sólo de este centro, sino también de todo el Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, en el que se incluyen el Hospital Virgen del
Valle, el Provincial y el Nacional de Parapléjicos. (...)
Álvarez habla de ejemplos de centros ya en marcha que han resultado
mucho más costosos. Uno de ellos es el nuevo hospital de Burgos, que
comenzó a funcionar en 2012, con un retraso de tres años y un sobrecoste
de 223 millones de euros. Además, el canon anual percibido por la
sociedad que gestiona los servicios no sanitarios, Hospital de Burgos
S.A. (Eficanza), ha pasado de 38 a 71 millones de euros, lo que va a
suponer un gasto público de más de 2.000 millones en 30 años.
“Ganan
en todo lo que tocan. Aparte de que se les cedió el terreno, hicieron
un parking de 990 plazas de pago, el más caro de Burgos, y un centro
comercial que explotan ellos mismos”, explica Jesús Beato,
delegado sindical de CGT Sanidad de Burgos, quien añade que se hace
negocio hasta con la comida: “La concesionaria está cobrando de la Junta
22 euros por el menú diario de cada paciente, y ella lo tiene
subcontratado a una empresa de catering por 14 euros”.
“Cuando esto empezó, dijeron que iban a contratar a un 10% más de
personal, y ahora somos un 8% menos”, dice Beato, que explica que no se
cubren las vacaciones, se hacen las contrataciones mínimas y los
empleados están sufriendo el incremento de las cargas de trabajo.
“Entendemos que lo que se está pagando del canon no está permitiendo que se contrate a nuevos profesionales.
La única manera de salir de todo esto sería rescatar el hospital,
porque está en manos de personas que buscan un lucro. No gana la
sociedad, ni los trabajadores ni los usuarios. Aquí sólo ganan cuatro”.
Por todo ello, el pasado 13 de junio 10.000 burgaleses salieron a la
calle para exigir el rescate del hospital universitario en una
manifestación convocada por la Plataforma por la Sanidad Pública de
Burgos.
“El rescate es urgente porque vamos a pagar siete veces más por los cánones de estos centros que si fueran públicos”,
explica Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la
Sanidad (CAS), que ha iniciado acciones de protesta para exigir el
rescate del hospital de Aranjuez y continuará en otoño con una campaña
para reclamar el rescate de otros hospitales, siguiendo el ejemplo de
Francia, que en abril rescató un hospital semiprivado de París, y el de
Inglaterra, la cuna del modelo PFI, que acaba de rescatar por primera
vez un hospital de este tipo. (...)
“Es vital que se plantee el rescate de los centros, o rescindir el contrato”, dice
Gómez. Por esta última opción ha apostado la Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública de la Marina Alta en relación a Marina Salud (DKV y
Ribera Salud), que gestiona el hospital alicantino de Denia y todos los
centros de salud de la comarca de la Marina Alta, en Alicante.
En este
caso, el sistema utilizado es el PPP (gestión 100% privada, incluidos
los servicios sanitarios), el modelo inaugurado por el hospital de
Alzira (Valencia), que debido a la mala gestión tuvo que ser rescatado
por la Administración y volvió a ser entregado, con un canon mucho
mayor al inicial, a la misma UTE que lo llevó a la quiebra.
El mismo
modelo, también, que la Comunidad de Madrid no pudo aplicar a sus
hospitales PFI después de intensas movilizaciones populares y varios
varapalos judiciales. (...)" (Gladys Martínez López, Diagonal, 07/07/14)
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