"(...) La Consejería de Salud está cumpliendo, paso a paso, las recomendaciones
del informe 'Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las
empresas públicas y consorcios de salud de la Generalidad', que fue
elaborado en el año 2.011 por la consultora Pricewaterhouse Coopers
(PwC) y que el periódico 'El País' hizo público en enero del 2.013.
Ese
informe había sido solicitado, según dicen, por Josep Prat, el que era
en ese momento el máximo responsable del Instituto Catalán de la Salud
(ICS) y que, en la actualidad, está siendo investigado y ya está
imputado por múltiples supuestos delitos en relación a su actuación en
el ente público Innova.
Ni que decir tiene que, de forma inmediata a que
ese informe saliera a la luz pública, el Consejero Ruiz y todo su
equipo, negaron vehemente cualquier intención de aplicar las
recomendaciones contenidas en el mismo y que consistían, básicamente, en
la descripción del proceso para fragmentar el ICS, la mayor empresa
catalana, en una veintena de sociedades.
Desmembrar el ICS, la única empresa sanitaria al 100% pública de
Cataluña, ha sido y es uno de los principales objetivos del Consejero
Ruiz desde que llegó a su cargo provinente de la patronal sanitaria
catalana Unió Catalana d’Hospitals.
El ICS ha sido siempre "la bestia
negra" de la actual cúpula del Departamento de Salud, copada por los
directivos de esa patronal, que prefieren huir de los controles y
garantías administrativas a las que legalmente esta obligado el ICS,
para gozar de la libertad de acción, gestión, contratación y dirección
que permiten el resto de las figuras jurídicas bajo las que actúan la
mayor parte de centros concertados que, teóricamente, pertenecen al
sector público.
Precisamente Innova, incursa en una instrucción judicial
por fraude a gran escala, es el paradigma de lo que ese tipo de "entes
públicos" pueden llegar a facilitar.
Para conseguir el objetivo perseguido, es decir, fragmentar el ICS y
sustraerlo del derecho público, el informe de la consultora PWC definía
dos fases de actuación:
1.- Fragmentar el ICS en entidades públicas con autonomía de gestión,
mediante la constitución de sociedades mercantiles o de consorcios,
integrando otros centros sanitarios, públicos y/o privados.
Ese seria el
primer paso, y el indispensable, para una posterior privatización, como
deja patente el consejo de la consultora: "Nuestra recomendación es una
entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político
y social del plan".
2.- Traspasar la asistencia sanitaria pública a entidades de gestión privada, bajo el falaz argumento de una mayor eficiencia.(...)
En estos momentos se está ejecutando ya la primera fase. En Lérida, sin
participación social ni profesional y sin ningún control parlamentario,
el nuevo ente jurídico que permitirá integrar el ICS con la empresa
pública Gestión de Servicios Sanitarios S,A., estará listo a primeros de
enero del 2.015.
Así lo manifestó la Secretaria del Departamento de
Salud, Roser Fernández, ante algunos parlamentarios de la Comisión de
Salud. Al parecer, la creación de ese ente, que se presenta bajo el
eslogan de "Lleida hi guanya" ("Lérida gana"), será el 'desideratum'
para todos los profesionales y para todos los ciudadanos de esa región
sanitaria, pesar de que, desagradecidos e ignorantes como son, todos
esos supuestos beneficiados se oponen y denuncian oscuros intereses. (...)
En Tarragona, la opacidad es total. En marzo de 2.013, el director
del ICS y los responsables de los centros privados que configuran la Red
del Hospital Santa Tecla, que algunos encuadran en la "Convergència de
los negocios", firmaron un Convenio de Colaboración que contiene una
peculiar cláusula de confidencialidad que llega al extremo de impedir
que las personas que participen o que los proyectos que se realicen en
desarrollo de ese Convenio queden reflejados en soporte de ningún tipo.
En Gerona está prevista también la creación de un nuevo ente, con
autonomía de gestión y personalidad jurídica propia, que agrupará la
asistencia primaria de la provincia de Gerona y que, ahora, depende
directamente del ICS. También silencio y opacidad total. (...)
Entre esas múltiples "ventajas", esa nueva gestión implicará un
cambio sustancial en el modelo de las relaciones laborales de los
trabajadores, teniendo en cuenta que si bien hasta ahora la mayoría del
personal del ICS es estatutario, en el futuro las nuevas contrataciones
se harán en régimen laboral.
A diferencia del personal estatutario, el
personal laboral se regula por un convenio colectivo del sector, en este
momento inexistente, y la oferta de empleo y la contratación dejarán de
estar sujetas a las normas imperativas de derecho público (anuncio de
oferta pública de empleo, concurso de méritos, oposición...) y las
retribuciones de los directivos y altos cargos tampoco estarán limitadas
por las normas presupuestarias públicas.
Los objetivos de la primera fase están garantizados: huída del
derecho administrativo y del control parlamentario, y vía libre al
negocio de individuos y grupos empresariales próximos al poder político.
A los que denuncien intereses o se lamenten de los daños colaterales,
basta con acusarles de demagogia, de corporativismo o de incapacidad de
evolución y de adaptación a una supuesta modernidad. Si las cifras y los
datos no son favorables: hay que negarlos con reiteración y
contundencia. Es decir, basta con una buena dosis de cinismo. (...)" (Carme Pérez, Crónica Global, Lunes, 21 de julio de 2014, )
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