"Los desmanes de la actividad inmobiliaria siguen pasando factura a los ciudadanos siete años después del estallido de la burbuja.
Los Ayuntamientos vieron en el negocio del ladrillo un filón para
llenar sus arcas. Durante la pasada década los consistorios
recalificaron suelos rústicos a urbanizables para crear nuevos barrios o
urbanizaciones, lo que suponía un incremento casi automático del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Miles de contribuyentes, desde campesinos hasta empresarios, han visto
cómo su recibo del IBI se disparaba durante estos años aunque su terreno
siguiera siendo un campo de patatas. Una sentencia del Tribunal
Supremo, sin embargo, pone fin a esa anomalía: si un suelo se ha
recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño solo deberá
pagar como si fuera rústico. Unos 900.000 propietarios podrían
beneficiarse del fallo.
El origen de la sentencia está en un grupo de propietarios de suelo de Badajoz, entre ellos la Fundación Dolores Bas.
La entidad tiene el 50% de una finca en la que se cultivan cereales.
Nunca se ha puesto un solo ladrillo, pero la finca fue declarada
urbanizable y su recibo del IBI se disparó. “No tenía sentido.
Tenemos
incluso una subvención agrícola”, explica su abogado, Luis Díaz-Ambrona,
quien afirma que entre los afectados hay el de una parcela en Fresno de
Torote (Madrid) que en 2006 tenía un valor catastral de 496 euros. Solo
dos años más tarde, su dueño se quedaba sin aliento al ver la nueva
valoración: 3,8 millones de euros.
Sus propietarios estaban negociando
con el consistorio pagar el tributo con terrenos de la propia parcela.
“Es muy corriente ver una diferencia de 50 veces entre el recibo que se
pagaba cuando el suelo era rústico al que se abona tras ser declarado
urbanizable, pero puede llegar a ser incluso de 100 veces”, asegura
Díaz-Ambrona.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la
fundación al considerar que para que un suelo sea urbano precisa de un
plan urbanístico o bien de obras de urbanización. Sin embargo, la
Administración central del Estado recurrió el caso en el Supremo al
considerar que “la doctrina” que se estaba sentando era “gravemente
dañosa para el interés general y además claramente errónea y no ajustada
a Derecho”.
El Abogado General del Estado advertía de la gran cantidad
de inmuebles que se verían afectados, unos 900.000, y “el daño económico
directo” que se infligiría a las arcas públicas. El abogado solicitaba
que no se considerara necesaria la aprobación de “un instrumento
urbanístico” para considerar la “naturaleza urbana del suelo
urbanizable”. El Supremo, no obstante, desestima ese recurso “al no
poder aceptarse la doctrina que postula el Abogado General del Estado”.
Fuentes judiciales explicaron que la sentencia del Supremo abre la
puerta a que los propietarios de esas 900.000 fincas dejen de pagar ese
IBI hinchado. Lo que está por ver es si, además, tienen derecho a ser
compensados por lo abonado en años anteriores.
Porque esas valoraciones
que también alimentaron la burbuja se dieron en todo el territorio.
Durante la burbuja la recalificación de una finca no era una mala
noticia para el propietario. Al pasar de rústica a urbanizable, su valor
se incrementaba y podía sacar tajada al venderla a un promotor. Demanda
había de sobra. Hoy eso ya no es así.
Muchos propietarios de suelo,
algunos de los cuales lo adquirieron como inversión, han quedado
atrapados y tienen que hacer frente a un IBI elevado. Algunos, dicen
fuentes del sector, los han devuelto a los Ayuntamientos y otros han
pasado a manos de los bancos. (...)" (
Lluís Pellicer
, El País, Barcelona
27 JUN 2014)
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