"Si no fuera por la ropa tendida en las ventanas y por los vecinos
que, a pesar de todo, hacen su vida entre los portales y escaleras,
cualquiera podría pensar que el bloque de antiguas viviendas de
protección oficial situado al final del Ensanche de Vallecas, en Madrid,
se encuentra en estado de abandono.
Cerraduras y cámaras de seguridad
arrancadas, paredes rayadas y pintadas, buzones rotos, un patio cubierto
de maleza, goteras que inundan el garaje. El pasado 25 de octubre, el
Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió el bloque a la empresa
privada Encasa Cibeles, detrás de la cual se encuentra el estadounidense
Goldman Sachs, el mayor banco de inversión de Wall Street.
Ese mismo
día, los inquilinos, que residían en estos pisos en régimen de alquiler,
recibieron una escueta carta de la Administración en la que les
comunicaba el cambio.
Casi 3.000 viviendas públicas corrieron la misma suerte en todo
Madrid. Los vecinos recibieron la promesa del IVIMA de que todo iba a
seguir igual. Desde entonces, el deterioro de la comunidad ha sido
constante. La mitad del bloque está ahora habitado por ocupas y los
vecinos aseguran que Encasa Cibeles se desentiende del mantenimiento.
Los inquilinos, casi todos parados, inmigrantes, jubilados, viudos, y
familias con pocos recursos, han tenido que hacer ellos mismos
reparaciones para poder seguir utilizando normalmente algunas zonas e
instalaciones comunes. Entre ellas, arreglar una de las tuberías de agua
principal del edificio, que se encuentra sujeta con un madero después
de que unos vecinos lo colocaran a modo de viga improvisada.
La Administración les ha dejado solos, pero estos inquilinos no están
dispuestos a perder sus derechos sin presentar batalla. Con frecuencia
se reúne un buen número de ellos, desde jubilados hasta familias de
jóvenes inmigrantes, e improvisan asambleas. “La Constitución española
deja claro que tenemos derecho a una vivienda”, dice indignada una mujer
de mediana edad cubierta por un velo.
A su lado, una señora mayor,
viuda, mueve la cabeza. “Si esperas que se cumpla algo bueno de la
Constitución…”, deja la frase en suspenso. Este grupo de vecinos del
Ensanche de Vallecas es uno de los más activos en la denuncia de la
venta de viviendas del IVIMA al banco de inversión norteamericano.
Ahora, han comenzado a trabajar con el objetivo de que todas las
promociones de viviendas que se encuentran en la misma situación se
coordinen y unan sus reivindicaciones. Su primera asamblea a nivel
madrileño se celebrará en julio.
En el bloque en el que viven, el deterioro no es lo peor. Una vez que
el IVIMA se ha desentendido de sus inquilinos, los contratos de
alquiler protegido previsiblemente no se renovarán, ya que la mayoría
disfruta en estos momentos de una reducción del pago que Encasa Cibeles
ya ha dejado claro que no va a asumir.
“No somos una ONG”, espetó la
empresa, según cuentan los afectados. Las viviendas no pasan de los 50
metros útiles y el alquiler sin reducción rondaría los 400 euros, por lo
que muchos ya saben que no podrán seguir viviendo en lo que se les
concedió como una casa para toda la vida.
“Éste es el futuro de vuestros hijos”, es la frase que, según asegura
Abdelkader, le dijeron cuando le entregaron las llaves de la que aún es
su casa, en 2008. Este inmigrante marroquí, padre de una familia
numerosa, cobra una renta mínima de 530 euros. Hasta marzo, seguirá
recibiendo la subvención para pagar el alquiler, pero después no sabe
qué será de él y de su familia.
“Es un callejón sin salida, porque si
estuviera solo me buscaría la vida, viajaría y probaría suerte en París,
pero teniendo a mis hijos no me lo puedo ni plantear”, lamenta. Cerca,
un niño juega con un balón en uno de los soportales, entre vallas rotas
de cristal. Ellos son las víctimas más vulnerables. “Están todo el día
preocupados, preguntando asustados qué va a pasar con sus casas”, añade.
En el Ensanche de Vallecas, donde se encuentran éste y otros bloques
que pertenecían al IVIMA, el fondo de Goldman Sachs compró las viviendas
por una media inferior a los 70.000 euros, pero ahora las ha puesto en
el mercado por más de 140.000 euros. Un negocio redondo si logra
venderlos.
Otro caso es el de Marcelino, que vive solo y cobra una pensión de
950 euros. “Yo estoy bien, no me puedo quejar en comparación con muchos
de mis vecinos”, dice para tratar de quitar hierro a su situación, pese
a que su supuesta holgura no es del todo cierta: no tiene rebaja en el
alquiler y paga unos 400 euros.
Con el resto, tiene que ayudar a su
hijo, en paro, por lo que hace malabarismos para que ambos puedan comer
adecuadamente. A su lado, Achoucha, inmigrante y madre de dos, cuenta
que cobra una renta mínima de 532 euros. De momento, con la reducción,
el alquiler se le queda en unos 51 euros, pero el año que viene se le
acaba la ayuda y no ve alternativa.
Ni ella ni sus vecinos ven la lógica
de lo que les ha ocurrido. “Nos dieron estas viviendas porque teníamos
problemas económicos y ahora, en plena crisis, nos las quitan”,
denuncia. “¿A dónde vamos, si no tenemos nada?”, pregunta. Su marido, de
58 años, no tiene perspectiva de encontrar un trabajo en estos
momentos. (...)
De Roa explica que la empresa está recurriendo a diversas
estrategias para presionar a los vecinos y que abandonen el inmueble:
“Lo primero que han hecho ha sido adueñarse de la administración de la
comunidad, y desde allí hacen derramas para subir el pago de los vecinos
y que se acaben cansando, sin la posibilidad de cumplir con los gastos,
y se vayan”, asegura. “Por eso les llaman fondos buitres, porque es lo
que son, van a la carroña, a hacer acoso y derribo”, agrega, con rabia.
De Roa admite que no quería ser presidente de la AVVI, pero no le ha
quedado más remedio después de que el anterior vecino renunciara. Se
sienten como un microscópico David peleando contra un Goliat demasiado
grande.
“Veo auténticos dramas en mi comunidad de vecinos, sobre todo
cuando hay niños de por medio, y a veces te dan ganas de cometer una
locura contra los que nos han vendido de este modo”, se desahoga.
Aun
así, no pierden la esperanza. “Sería una gran victoria lograr
coordinarnos con el resto de promociones”, afirma. El IVIMA, de momento,
se desentiende de la situación. La Marea ha tratado de contar con su
versión en este reportaje, pero la Adminitración se ha negado a dar
declaraciones, sin explicar los motivos." (La Marea, 08/07/2014)
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