"Cierre usted su sombrilla o váyase de esta zona de playa, está quitando la vista del mar a los que han pagado por ella”
con esta frase desaloja la policía marítima de Portugal a los que se
niegan a moverse de la zona de playa que está justo delante de la zona
acordonada para hamacas de pago.
Antes que la policía es el socorrista el encargado de dar el primer
aviso, también es el encargado de pedir disculpas a los clientes de las
hamacas por las sombrillas impertinentes que les roban las vistas.
Estas situaciones se viven a diario en muchas playas de Portugal, aquellas en las que el beneficiario de la concesión de sombrillas y hamacas paga un poco más por tener las vistas libres de sombrillas ajenas, aunque sea fuera de su zona.
Estos casos, además de dar cuenta del tipo de relaciones que generan
la gestión privada de las playas; los que pagan frente a los que no
pagan, los que tienen derecho a vistas frente a los que se hacinan en la
mitad de playa gratuita… cuestionan las funciones de servicios públicos
como la policía marítima o los socorristas que se ven obligados a proteger los derechos de los clientes por encima de los de los ciudadanos.
Todo lo anterior nos sitúa en el debate de fondo entre lo público y
lo común. En tiempos de crisis, este debate cobra fuerza frente a las
distintas leyes o proyectos de ley que pretenden dar luz verde a la
venta de bienes comunes que hasta entonces eran intocables o a la
concesión de servicios privados sobre estos terrenos.
En la actualidad,
las playas de los países mediterráneos se sitúan en el punto de mira de
las oleadas privatizadoras.
Es el caso del proyecto de ley del gobierno griego, que permite no solo construir en primera línea, si no la venta de parcelas con playas.
El proyecto de ley se ha paralizado por la presión ciudadana pero sin
embargo la agencia estatal encargada de la gestión y privatización del
patrimonio griego, TAIPED, ha puesto ya en venta este tipo de terrenos
con playa.
Los compradores podrán usarlos con fines turísticos durante
50 años, pasados los cuales, el terreno ya no será de uso exclusivo pero
si las instalaciones que se hayan construido, lo cual es un
contrasentido y da paso al uso privado de las playas griegas, lo cual hasta el momento era ilegal.
En Italia, fue el partido de Berlusconi el que propuso en la comisión presupuestaria del Senado debatir la propuesta de ingresar dinero en las arcas del Estado mediante la venta de playas del país. La
propuesta fue rechazada tanto por los partidos de izquierda como por
los ecologistas. Ante las críticas, el senador Antonio D Alì argumentó
que ya existían muchas concesiones a empresas turísticas privadas y que
“los inversores estarían más dispuestos a hacer mejoras si los terrenos
fueran de su propiedad”
En el caso de España, la ley de Costas del 2013 ha supuesto también un duro varapalo a la protección del litoral marítimo. Una
de las medidas que se aprobó con la nueva ley es la de reducir la
protección de la costa de 100 metros a 20 a los municipios costeros que
lo soliciten. En apenas seis meses desde que se puso en marcha, 100
municipios de los 500 con costa lo han pedido. (...)" (Emma de Coro, Diagonal, Portugal, 05/08/14)
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