"Un embarazo, como lo más deseado y temido al mismo tiempo. Así ha vivido
Milagros Villalobos sus tres periodos de gestación, que solo en una
ocasión terminaron con final feliz. El último, este verano, ilusionó a
Milagros y a su marido, pero cuando comenzó a sangrar temieron que
hubiese de nuevo alguna complicación.
Acudió a urgencias del Hospital de
Denia (Alicante) pero, según cuenta, le negaron la atención si no
firmaba "un compromiso de pago de 185 euros" por carecer de tarjeta
sanitaria. La mujer, venezolana sin permiso de residencia, se fue a
casa. Días después Milagros tuvo un aborto, que fue certificado casi
tres semanas más tarde, cuando consiguió que la vieran en el hospital. (...)
Llegó en 2006 a España y desde entonces ha trabajado como diseñadora gráfica y vivido de manera legal en el país. Sin embargo, perdió su empleo
y no pudo renovar su permiso de residencia. Con los papeles se esfumó
también la tarjeta sanitaria. Aun así, Milagros sabía que las urgencias y
las mujeres embarazadas mantienen la cobertura sanitaria pública, por
lo que se dirigió al hospital. (...)
El real decreto 16/2012 dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas
de un día para otro, según calculan varios colectivos sociales. Los
inmigrantes sin permiso de residencia quedaron excluidos de la sanidad
pública excepto en tres casos: en urgencias, los menores y las mujeres
embarazadas.
"Pero cuando llegué al mostrador me
pidieron que firmase un compromiso de pago de 185 euros para que me
atendiesen. Yo les dije que no podía firmar eso sin consultarlo con mi
marido, para ver si podíamos afrontar el pago", cuenta Milagros. Según
la mujer, a pesar de que le decían que no se fuese, "que podía ser muy
serio", sin la firma no le permitían pasar. Así que se fue a casa.
Desde ese miércoles hizo reposo absoluto, en la cama. El
sábado, su marido y ella fueron de nuevo a las urgencias. "Ya nos daba
igual que hubiese que pagar; teníamos mucho miedo".
Allí, Milagros afirma que tuvieron que firmar un papel en el mostrador:
"Nos dijeron que era un mero trámite, pero después supimos que era un
compromiso de pago".
Ese sábado un médico certificó
el peligro del embarazo y la citó de manera urgente tres días después.
Con la mente fija en próxima prueba, Mila recibió una llamada el día
antes de acudir al hospital. "No se identificó como personal del centro,
pero me decía muchos datos de cuándo había ido al hospital y qué decía
mi expediente". El motivo de la llamada era anular la cita, cuenta
Milagros.
"Me decía a gritos que cómo me había atrevido a pedir cita
si no tenía papeles, que eso no entraba dentro de la asistencia
gratuita y que tenía que tramitar mi caso con una trabajadora social",
prosigue apenas en un hilo de voz. "Me sentí tan mal que le dije que me
quitase la cita. Que iría a la trabajadora".
Tras la llamada, Milagros siguió todo un tour
de desconocimiento, de un mostrador a otro. En la Comunidad Valenciana,
las mujeres embarazadas deben tramitar un documento de atención a
través de un trabajador social, una vez que se verifica el embarazo.
Milagros fue al centro de salud de la localidad donde reside, pero no
tenían ningún trabajador social, por lo que acudió al Ayuntamiento.
"Allí la trabajadora tenía interés, pero desconocía el proceder para
conseguir la atención, así que tardamos varios días en conseguir los
papeles", cuenta.
Casi dos semanas después,
la mujer consiguió una cita en el hospital. El día 28 volvía a verla el
mismo doctor, que certificó entonces que había sufrido un aborto. El
médico le recriminó "por qué no había venido antes". "He pasado mucho.
Le dije al doctor que no me habían dejado venir y se quedó extrañado",
relata. Con la documentación de la trabajadora social, Milagros ha
vuelto al hospital para una revisión y tiene pendiente otra consulta. (...)
Sin embargo, Abril Millán, miembro de la plataforma Jo Sí Sanitat Universal València, asegura que la información no llega a la población.
"En la Comunidad Valenciana existe el Plan Valenciano de Protección de
la Salud, que da acceso a la sanidad a inmigrantes en situación
irregular que llevan más de un año residiendo en la Comunidad y con unos
ingresos limitados, pero mucha gente lo desconoce", explica.
Además,
critica la actuación de varios hospitales de la región: "Este caso no es
aislado. Conocemos más situaciones en las que se han exigido
compromisos de pago y con facturas que llegan por sorpresa por alguna
atención urgente".
De hecho, Milagros va a solicitar
la opción del Plan de Portección porque cumple los requisitos. Aunque
admite que ya desconfía de todo y no quiere ir al médico al "no estar
embarazada". "Nunca pensé que me humillarían tanto.
Es como si al dejar
de cotizar no valiese nada", añade. De momento, el peor momento de su
vida le ha quitado la idea de volver a ser madre. "Hemos desistido.
Además del riesgo, en España no quiereremos tenerlo porque no sé si voy a
poder ir al médico". (Laura Olías
, eldiario.es, 31/08/2014)
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