"Todo parece indicar que el gobierno municipal y el crimen organizado
actuaron de manera coordinada en el artero asesinato de seis estudiantes
normalistas y de la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en la
ciudad de Iguala, en el sureño estado mexicano de Guerrero.
En medio del
duelo, la indignación y la movilización nacional el país se pregunta
sobre las razones que llevaron a un gobierno local dominado por el
crimen organizado a ordenar una masacre de estudiantes pertenecientes a
uno de los colectivos sociales más antiguos y combativos del país.
Si el
principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de
drogas hacia Estados Unidos, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen
ninguna relación con ello?
Para entender los motivos represores del crimen organizado hay que
empezar por reconocer uno de los cambios más importantes en la industria
criminal de los últimos años: en estados como Guerrero, Michoacán y
Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el
trasiego de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que
uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local –apoderarse de
los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la
tributación forzada.
En zonas del país donde diferentes grupos
criminales se disputan el control del tráfico de droga, para sufragar
estos conflictos el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su
acción a industrias extractivas de recursos naturales –la toma
clandestina de gasolina, petróleo y gas– y de riqueza humana –la
extorsión y el secuestro.
En esta nueva estrategia los grupos criminales
encontraron un nuevo y valioso botín: el municipio y sus
contribuyentes. Como lo demuestra la terrible experiencia de Michoacán,
el crimen organizado se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra
pública de los municipios; exigía que los contratos de obra pública se
otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la nómina
salarial de la burocracia local.
Pero la infiltración del municipio fue
más allá: los grupos criminales se apoderaron de las arcas públicas
municipales donde obtenían información fidedigna que les permitiera
extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y pequeños
negocios de las ciudades bajo su dominio.
Para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, los grupos
criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el
soborno o la extorsión, fueron subordinando a los presidentes
municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario nacional
está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay
también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y
activistas políticos locales que han sufrido atentados o han sido
asesinados por el crimen organizado. (...)
En estos municipios, donde ser autoridad pública se ha convertido en un
empleo de alto riesgo, el crimen organizado ha empezado a postular a sus
propios candidatos –como parece haber sido el caso del alcalde de
Iguala. (..)
La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una
acción estratégica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los
grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aledaños
participaban en distintos procesos de articulación social – incluyendo
policías comunitarias – para hacerle frente a las extorsiones,
secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las
autoridades públicas a su servicio.
La masacre fue un acto de
reconstitución del poder local; una acción barbárica mediante la cual el
grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los
movimientos sociales de la región quién era el mandamás.
Fue, también,
una ejecución ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los pequeños
y medianos empresarios y comerciantes de la región a continuar pagando
el “derecho de piso” y con ello consolidar la toma criminal del poder en
la zona.
Estos intentos despóticos de reconstituir el poder local mediante la
violencia barbárica son posibles por la protección informal que los
grupos del crimen organizado han venido tejiendo y retejiendo por
décadas en las procuradurías estatales, en las policías ministeriales,
en los ministerios públicos, en las prisiones y en las delegaciones
estatales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque en
México hoy se vea al municipio como el eslabón más débil de la
gobernanza nacional y se le identifique como la guarida desde donde
opera el crimen organizado con el cobijo de las autoridades locales, en
múltiples entrevistas con ex gobernadores de diferentes partidos –
incluidos ex mandatarios de Michoacán y Guerrero – insistentemente he
escuchado que las policías ministeriales en los estados están
fuertemente infiltradas por el crimen organizado. Son ellas las que
hacen posible la impunidad criminal en los municipios y facilitan la
reconstitución de facto del poder local. (...)
En Guerrero, gobernantes y criminales, ya sea separados o coludidos,
saben que atacar a la ciudadanía e intentar eliminar a grupos sociales
disidentes son crímenes que no se castigan.
Cuando el alcalde de Iguala o
su secretario de seguridad o el subsecretario ordenaron los disparos en
contra de los estudiantes y entregaron a los detenidos a los sicarios
para que dispusieran de ellos, tenían, tristemente, una larga historia
de impunidad de su lado.
Cuando los sicarios de Guerreros Unidos
torturaron, desaparecieron o mataron a los estudiantes, se cobijaron,
también, tras el manto protector de la impunidad. Es la impunidad lo que
le permite igualmente al gobernante que al criminal asesinar sin
chistar. (...)" (
Guillermo Trejo , El País ,
12 OCT 2014)
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