"La deuda española sigue estando en situación crítica. (...) una verdadera bomba de relojería, de la que solamente podemos dudar una cosa: el momento de su estallido (...)
El tratamiento aplicado no tiene capacidad más que de paliar parte de
los síntomas de la enfermedad del sobreendeudamiento que aqueja a las
economías europeas y, de forma extrema, a la española. La banca europea
y, en concreto la española, sigue estando en situación de insolvencia y,
al mismo tiempo, es la que financia los desequilibrios insostenibles de
las administraciones públicas.
Para que las entidades bancarias puedan
resistir, se acude en su auxilio con mecanismos que suponen una
transferencia de recursos desde el ámbito público y eso compromete la
solvencia de la deuda pública y agudiza por tanto los desequilibrios de
los bancos.
Para romper ese perverso vínculo entre gobiernos y entidades
bancarias es preciso enfrentarse a una cruda realidad: tanto entidades
bancarias como administraciones públicas no podrán pagar sus deudas y
será inevitable que tengan que aplicar quitas a sus acreedores para
hacerlas sostenibles.
No bastará con lo anterior, ya que, para alcanzar
un nivel de sostenibilidad en la deuda, sería imprescindible realizar
reducciones y quitas en las que asfixian a las familias, actuando de
forma inmediata sobre la deuda hipotecaria fruto de la adquisición de la
vivienda habitual de las familias en riesgo de exclusión.
Además del escenario de insostenibilidad de la deuda pública, hay que
añadir la cuestión de su ilegitimidad. Esta realidad obliga a los
ciudadanos a plantear la opción del impago como herramienta de salud
democrática. Se trata de una condición necesaria para resolver la actual
situación, pero no suficiente para evitar su reproducción.
Solo nacionalizando la mayor parte del sector financiero de manera
definitiva se puede romper el círculo vicioso y se pueden poner a salvo
los ahorros de la sociedad para dirigirlos a destinos diferentes de los
marcados por la deriva suicida del hipertrofiado sistema bancario. Hay
que evitar que estas quitas se lleven a cabo con pactos de despacho. (...)
La auditoría ciudadana, como reclama la Plataforma Auditoría
Ciudadana de la Deuda (PACD), debe permitir aclarar qué deudas injustas,
y por tanto ilegítimas, podrían ser las que se identificaran con estas
necesarias quitas para recuperar la salud del sistema económico y
democrático.
Cuando esto se plantea, nos enfrentamos a la acusación inmediata de
que esta medida nos sumiría en el caos más absoluto. Nos mienten una vez
más tal y como nos demuestran las historias de los estados que se han
enfrentado a los mercados cancelando deuda y aplicando restricciones a
los flujos de capitales en los últimos años.
Casos como los de Malasia, Ecuador e Islandia, y como el de Argentina
en la lucha en la actualidad por defender su soberanía frente a los
fondos buitre, son ejemplos exitosos de ello. Olvidan conscientemente
que, el enorme endeudamiento de la economía española podría jugar a
nuestro favor si existe una firme voluntad política de que el proceso de
impago beneficie al conjunto de la población y no a los responsables de
lo ocurrido.
Sí que sería un caos pero, por primera vez en esta crisis, para las élites." (Carlos Sánchez Mato y Gemma Tarafa, público, 21/10/2014)
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