"Centrales de compra ante las multinacionales
La unión hace la fuerza. Esta popular frase
adquiere pleno sentido a la hora de hablar de las negociaciones con las
empresas farmacéuticas. En estos momentos, cada comunidad autónoma
negocia por separado el precio de compra. Desde el año 2012, el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del
Ministerio de Sanidad, centraliza las compras de las comunidades
autónomas que, voluntariamente, quieren adherirse.
Hasta ahora lo han
hecho, en diferentes programas, diez gobiernos regionales, con un
volumen de compras por valor de más de 838 millones de euros. Así se ha
conseguido un mejor precio en productos sanitarios y medicamentos
genéricos, entre otros.
Para el responsable de Sanidad de Izquierda
Unida, Gaspar Llamazares, esto no es suficiente y se debe aspirar a una
compra centralizada a nivel europeo. “Ahora hay nuevos fármacos que
comprometen la viabilidad del sistema y ya que la dimensión especulativa
de las multinacionales es tan grande, la compra debe ser comunitaria
para negociar de igual a igual y utilizar las mismas armas”, sentencia
el político asturiano.
La Federación de Asociaciones en Defensa de
la Sanidad Pública (FADSP) también apunta a la industria farmacéutica y
recuerda que “por cada euro que se invierte en investigación, hay otros
19 euros que se dedican a promoción de esos productos”. Las críticas
también arrecian desde otras asociaciones para quienes la farmacia
condiciona la formación de los médicos, la prescripción y la
incorporación de nuevos medicamentos”.
En cambio, el diputado socialista José
Martínez Olmos, ve “muy teórico” el planteamiento de una central de
compras ya que “los intereses son muy diversos y Europa no está montada
para eso”. En lo que sí ve un avance es en la subasta.
En 2012 el
Gobierno andaluz decidió comprar a gran escala aquellos medicamentos que
tienen una mayor prescripción. El objetivo es doble, por un lado
reducir el gasto farmacéutico y por el otro bajar el déficit de la
comunidad autónoma. A través de la subasta, se logra ajustar el precio a
la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva
la concesión.
Con este sistema, la Junta de Andalucía prevé ahorrarse
una media de 244 millones anuales. La medida ha sido recurrida ante el
Tribunal Constitucional por el PP al considerar que rompe con la equidad
del sistema e interfiere en competencias estatales. Además, cuenta con
el rechazo de los colegios farmacéuticos y de la patronal,
Farmaindustria." (Toni Martínez , La Marea, 02/03/2015)
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