"(...) En el Estado español, cada día son despojadas de su vivienda por
desahucio o dación en pago en torno a 300 familias; en definitiva, por
no poder hacer frente a la deuda contraída con el propietario del
inmueble que es, en la mayoría de los casos, un banco.
Pagan el delito
de intentar una vida mejor con el producto de su trabajo y se les
arrebata el trabajo y la vivienda, dos derechos básicos que debe
garantizar la sociedad.
Solamente con 34.000 millones de euros podría
haberse cancelado la totalidad de la deuda hipotecaria de las familias
en situación de morosidad[1].
Sin embargo, la actuación de los sucesivos gobiernos ha sido diferente.
Una entidad financiera, BFA-Bankia, ha necesitado ayudas públicas
superiores a 147.000 millones de euros para evitar la quiebra[2].
En realidad se ha rescatado a los acreedores y se han utilizado para
ello recursos públicos que hipotecan a las Administraciones Públicas. (...)" (Marina Albiol, Carlos Sánchez Mato y Alberto Arregui , Economía para críticos e indignados, 20/03/2015)
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