"Volvieron. La semana pasada llegaron a la asamblea de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badajoz seis familias de uno
de los barrios con más viviendas sociales de la Junta de Extremadura en
la ciudad.
El típico barrio de las afueras, humilde, lleno de víctimas
del destierro social que supone la gentrificación. Llegaron con cartas
como las que la Junta de Extremadura enviaba hace tres años.
En aquella ocasión vinieron dos mujeres en representación de los
vecinos de otro de los barrios de las afueras con cientos de cartas a
cientos de familias. O pagaban la mitad de lo que debían por impagos de
su alquiler social en el plazo de un mes, o les echaban a la calle.
El PP había ganado las elecciones y, después de dos décadas en las
que la administración del PSOE apenas había reclamado esas deudas –según
las familias-, comenzó la política de desahucios masivos de la Junta de
Extremadura. Éramos novatos.
La PAH de Badajoz había comenzado a
andar un par de meses antes y apenas habíamos ido a bancos a negociar,
pero fuimos elaborando un plan de acción: Colapsar los registros de la Administración. (...)
Fuimos a los barrios más afectados, celebramos asambleas con todos los
vecinos para explicarles qué había que hacer, movilizándoles para que se
unieran. “Si estáis juntos en esto, la policía no os echará a ninguno”, les decíamos. Ganamos tiempo con aquel colapso. (...)
Hablamos con gente de los tres partidos con representación, a los tres niveles.
Cuando es un banco el que quiere desahuciarte, puedes negociar con él
una reestructuración de la hipoteca, una dación en pago, la condonación
de la deuda restante, un alquiler social… Cuando es la Administración la
que quiere desahuciarte, no puedes negociar con los funcionarios: la
decisión no está en su mano y la situación es especialmente grave porque
pierdes el derecho a solicitar otra vivienda social durante dos años.
El problema es de voluntad política. Y era un problema regional, así que
la solución tenía que salir del Parlamento Extremeño. El PP había
ganado las elecciones autonómicas por mayoría simple. Teníamos que
hablar con PP, PSOE e IU y convencer, al menos, a dos de ellos. (...)
Remitimos a los tres partidos un escrito en el que se proponía que la
Asamblea de Extremadura instara a la Junta a paralizar todos los
desahucios en viviendas sociales, así como una moratoria y un
procedimiento de pago que partiera de analizar las circunstancias
personales y económicas de las familias.
Más de un mes después, llevaron la propuesta al Pleno. El día de la
votación, el 26 de Julio, convocamos una concentración frente a la
Asamblea de Extremadura. Cuando salieron de la Asamblea con la propuesta
aprobada, la gente estalló en lágrimas de alegría.
Todas las familias
afectadas concentradas allí, toda la gente que había estado ayudando sin
descanso durante más de tres meses, moviendo cielo y tierra, todos los
que se esforzaron pasando noches sin dormir… lo habíamos conseguido.
Habíamos realizado la acción antidesahucios más grande del país.
¿Por qué no saltó la noticia a la plana nacional y fue celebrada
como uno de los logros más grandes del Movimiento Stop Desahucios?
Por miedo. La Junta de Extremadura podía reactivar los
desahucios en viviendas sociales cuando quisiera. Las familias se
sentían amenazadas y tuvieron miedo de airear esta victoria social y que
esto fuera interpretado por el PP como un pulso que les incitara a
reanudar los desahucios, desoyendo al Parlamento Extremeño. Y la PAH
decidió respetar a las familias por mucho que nos pidiera el cuerpo
gritarlo a los cuatro vientos. (...)
Sabíamos que era un parche. Cuando me encontraba con ellas, me
sonreían pero después de un rato hablando me decían que tenían miedo a
que la pesadilla volviera a empezar al día siguiente (...)
Y sucedió de nuevo. El lunes pasado nos vimos obligados a ponernos en
marcha para frenar, otra vez, los desahucios masivos de la Junta de
Extremadura. Las cartas que les habían llegado también eran
reclamaciones del Organismo Autonómico de Recaudación (OAR), previas al
inicio del procedimiento.
Con la ley en la mano y mirando plazos,
podrían ser reclamaciones para evitar, simplemente, la prescripción de
las deudas y no perder el derecho de reclamarlas en un futuro. Y de
paso, meter un poco de miedo y que la gente humilde soltara los pequeños
ahorros que tuvieran para cubrir sus necesidades básicas y las de su
familia. Lo preparamos todo y recuperamos los contactos de hace tres
años con el mismo mensaje: tenemos que volver a hacerlo. (...)
La guerra del último contra el penúltimo. Los argumentos
miserables que han utilizado se centraban en estigmatizar y criminalizar
a quienes apenas tienen para cubrir sus necesidades básicas y las de su
familia, que no habían pagado el alquiler de su vivienda social.
Se les
ha tildado de sinvergüenzas que no pagaban una cuota tan baja porque no
querían, cuando la gran mayoría de las familias tenían impagos desde el
2007 hasta ahora, es decir, desde que comenzó la crisis, siendo los más
vulnerables los primeros en sufrir sus consecuencias. (...)
El argumento es más macabro: “hay que dejar en la calle a los
sinvergüenzas que no pagan su cuota de las viviendas sociales de la
Junta para darle esas casas a las familias honradas que estaban pagando
la hipoteca hasta que no han podido más y los bancos las han echado”.
Buscar la guerra entre gente en riesgo de exclusión social ya es bajo,
pero lo es más aún cuando es la Administración Pública la que está
siendo utilizada para provocar esta confrontación. La Junta de Extremadura,
que está obligada por Tratados y Jurisprudencia Internacional a prever
una alternativa habitacional a toda persona que es desalojada de su
vivienda habitual, bien por hipoteca, bien por vivienda social, bien por
alquiler privado, es la entidad que más ha desahuciado en Extremadura durante esta legislatura. Más que ningún banco. (...)
Hay que acabar con el miedo. Las familias en riesgo de
exclusión social viven atenazadas por la deuda, con el corazón encogido
porque saben que deben más dinero a la Administración del que van a
poder conseguir nunca. Por eso no levantan cabeza y por eso muchas ven
la economía sumergida como única forma de cubrir sus necesidades
básicas. Como tienen una deuda perpetua, si cobran legalmente, la
Administración les embargará parte de la nómina.
Estas familias necesitan una segunda oportunidad y eso implica volver
a empezar de cero. El Gobierno ha perdonado la crisis a quienes la
causaron. Tenemos que perdonarle la crisis a los inocentes, a sus
víctimas directas, a los humildes. (...)
La tragedia sigue en sus máximos, las estadísticas indican una media de
siete desahucios al día en Extremadura, pero con gente así y con gente
como la que día a día viene nueva a las asambleas de los colectivos y
movimientos que defienden el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada en
Extremadura, uno se levanta con más ganas de pelear cada día. Y con
muchísima admiración por todas las compañeras y compañeros, porque
demuestran una y otra vez que sí se puede." (José Luis Murillo , La Marea, 16/03/2015)
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