"Hace tres años, les dijeron que debían dejar de hacerlo,
que ya no podrían atender a todos los ciudadanos sin distinción. Si un
inmigrante irregular pedía cita, debían decir 'no' salvo en determinadas
excepciones. Hace tres años, el 1 de septiembre de 2012, comenzaron a
desobedecer. Empleaban los resquicios de una normativa que consideran
“arbitraria” para proporcionar seguimiento a todo aquel que lo
requiriese.
Ahora el Gobierno ultima un nuevo plan para devolver la
sanidad a al menos algunos de los excluidos.
Tras incontables incumplimientos de su propia normativa, decenas de
historias de dolor escondidas tras la falta de atención médica
normalizada, y una fuerte oposición política y social, el Ejecutivo
comienza a darles la razón: una parte de aquello que hacían saltándose
la ley, volverá a estar amparado por la normativa.
Nacho, Rosa y Begoña son tres de los muchos médicos y trabajadores
administrativos que se negaron a aplicar el Real Decreto 16/2012, cuya
aplicación cumple este martes tres años. (...)
“Nos parecía que era inhumano, injusto, innecesario y
que atentaba contra el derecho a la salud de todos los ciudadanos que
vivimos en España”, dice Rosa, médico de familia de un centro de salud
de Lavapiés (Madrid). Nacho, también facultativo de otro ambulatorio
madrileño, tampoco dudó. “Desde el día siguiente a la publicación del
Real Decreto vi que era algo inaceptable para mi conciencia desde el
punto de vista de la justicia, la ética y la deontología médica”.
“Sin saber cómo al día siguiente estabas pensando estrategias junto con
otras personas para intentar reestablecer este derecho que se había
arrebatado tantas personas”, recuerda Nacho. Esos ciudadanos con una
meta común formaron Yo Sí Sanidad Universal, colectivo que lucha por la
derogación de la exclusión sanitaria.
La lucha de
Begoña (nombre ficticio) ha sido algo más complicada. Trabaja como
auxiliar administrativa en un centro sanitario de Madrid y prefiere no
mostrar su rostro. El personal administrativo es la primera barrera que
se encuentran los inmigrantes en situación irregular cuando tratan de
solicitar una cita médica. Considera que, debido a la arbitrariedad de
la norma el Gobierno ha posado sobre ellos la responsabilidad de decidir
si una persona en situación irregular debe ser dado de alta en el
sistema para recibir seguimiento médico, o no.
"Nuestro DNI se queda guardado cada vez que hacemos cualquier operación
en el sistema. Cada vez que buscamos las lagunas que dejaba el sistema
para permitir a los afectados del real decreto acceder a la asistencia,
te podrías estar arriesgando. Esto ha generado mucho estrés", dice
Begoña. "A su vez, el personal administrativo se enfrenta
directamente al dolor que sienten estos ciudadanos tras escuchar que no
pueden pasar a la consulta". (Gabriela Sánchez
/
Alejandro Navarro Bustamante
, eldiarioes, 31/08/2015)
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