"Podemos, Ciudadanos, PSOE y otras formaciones minoritarias (Izquierda Plural, Compromís, Equo, UPyD…) han hecho bandera de la lucha contra la pobreza energética
y han apuntado directamente al Gobierno y a las compañías eléctricas
como los principales culpables de que haya miles de hogares a los que se
le corta la luz y el gas por impago en pleno invierno.
Al Gobierno central por no hacer nada al respecto y a los gigantes
eléctricos por, según su criterio, no tener sensibilidad social en los
momentos más duros de la crisis, en un país en el que hay 4 millones de familias en situación de pobreza energética.
Ahora, tras las elecciones de mayo pasado, estas formaciones
emergentes gobiernan en importantes ciudades (Barcelona, Madrid,
Valencia, La Coruña, Santiago, Cádiz…) y apoyan o sustentan muchos
gobiernos autonómicos (Madrid, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura…).
Y las compañías eléctricas no están tardando en adaptarse a los
nuevos tiempos y firmando acuerdos y convenios con las Administraciones
Públicas.
Endesa es la compañía que más acuerdos ha sellado. Es verdad que la
empresa controlada por el grupo italiano Enel lleva ya dos años
negociando este tipo de iniciativas para intentar cortar la luz por
impago al menor número de hogares posible.
La empresa ha firmado 90 acuerdos con otros tantos ayuntamientos (Barcelona y los principales municipios de su cinturón, Zaragoza, Sevilla, Huesca, varias ciudades de Baleares y Canarias…).
También Iberdrola ha movido ficha y ha tenido que entenderse con
formaciones políticas a las que hace un año casi ninguneaba. El grupo
que preside Ignacio Sánchez Galán ha suscrito, por ahora, sólo dos acuerdos, uno con el Ayuntamiento de Bilbao, donde tiene su sede social, y otro con la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias. (...)
Cada una a su estilo, las tres grandes compañías, tantas veces criticadas por formaciones como Podemos, que ha llegado a proponer en varios actos públicos la renacionalización de las compañías privatizadas para eliminar el oligopolio,
han hecho guiños claros para tender puentes con los nuevos partidos que
se han hecho con importantes cuotas de poder y tienen una clara
vocación social en su modelo de gobierno.
Desde el sector eléctrico se propone, además, destinar los casi 200 millones de euros que cada año cuesta el bono social
a luchar contra la pobreza energética. En España hay 2,5 millones de
hogares que están acogidos a este bono que pagan las eléctricas.
Consumidores con potencias inferiores a 3 kilovatios, hogares con todos
los miembros en paro, pensionistas y familias numerosas se benefician de
esta prebenda social, que sin embargo no criba a estos colectivos en
función de la renta, lo que genera importantes distorsiones." (Baltasar Montaño, Vos Populi, 14/10/2015)
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